Los lazos entre Ecuador y Venezuela durante los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez y Nicolás Maduro dejaron secuelas de posibles hechos de corrupción en el manejo del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), que aún siguen pendientes de investigación.

El caso vuelve a la palestra luego de que este fin de semana (16 de mayo de 2026) el empresario colombiano Álex Saab Morán, exministro del gobierno de Maduro, fue deportado por Venezuela a los Estados Unidos, en donde es imputado por una serie de delitos financieros, según informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Álex Naim Saab Morán es sospechoso de incurrir en conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países.

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Estuvo preso en los Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, pero se benefició del indulto concedido por el exmandatario Joe Biden. Retornó a Venezuela y, en octubre de 2024, el expresidente Nicolás Maduro lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional. Aunque fue destituido por la actual mandataria (e), Delcy Rodríguez.

Por investigaciones periodísticas se conoce que Saab mantenía una amistad con la política colombiana Piedad Córdoba, quien era cercana al exmandatario Hugo Chávez (+) y así llegó a ser parte de la gestión chavista y luego inmiscuirse en la economía ecuatoriana.

El empresario de origen libanés se presentaba como representante de la empresa colombiana Fondo Global de Construcciones (Foglocons) con la que se dedicaba a importar desde Ecuador y Colombia materiales prefabricados para la Gran Misión Vivienda, un proyecto chavista destinado a la construcción de viviendas para las clases populares, reportó BBC Mundo en el 2024.

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Entre 2012 y 2013, Foglocons Ecuador había exportado casi $ 160 millones hacia Venezuela. Los pagos llegaron a través de Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), que se creó en el 2009 y cuyo tratado constitutivo lo suscribieron los jefes de Estado alineados con la ideología del ‘Socialismo del siglo XXI’, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba.

Sin embargo, para la aduana ecuatoriana, las ventas eran de solo $ 3 millones. La Fiscalía ecuatoriana investigó el caso por sospecha de lavado de activos. Posteriormente, parte del proceso fue anulado y en 2016 los acusados fueron declarados inocentes.

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En el periodo legislativo 2021-2023, la Comisión de Fiscalización abrió una investigación de su utilidad para el país.

El exlegislador Fernando Villavicencio —asesinado el 9 de agosto de 2023 cuando promovía su candidatura presidencial— presidía la Comisión y junto con los exasambleístas Ana Belén Cordero y Bruno Segovia empujaron el informe titulado ‘Caso Álex Saab, su empresa Foglocons-Ecuador y las exportaciones ficticias a través del sistema Sucre’.

Dicho expediente apuntó a la existencia de una red delictiva transnacional que habría utilizado el Sucre para obtener dólares de la Reserva Internacional del Ecuador (dinero de los depositantes) y financiar las operaciones de exportaciones ficticias de empresas cuestionadas desde Ecuador a Venezuela.

Entre 2010 y 2019, aproximadamente $ 2.600 millones de la Reserva Internacional habrían sido utilizados para adelantar estos pagos a empresas exportadoras, lo que configuraría el delito de peculado, señala el documento que fue enviado a la Fiscalía General del Estado para su investigación.

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En el 2021, la exfiscal general Diana Salazar Méndez, actual embajadora de Ecuador en Argentina, abrió una investigación previa en la que uno de los sospechosos era el expresidente Rafael Correa. Hasta la fecha se desconoce en qué punto se encuentran las indagaciones.

Según los hallazgos descritos por la Comisión, hubo dineros de Foglocons que se habrían lavado desde el sistema para, aparentemente, financiar la campaña presidencial de Rafael Correa y Jorge Glas en el 2013, mediante aportes que habría realizado una empresa denominada Inconeg por un valor de $ 70.000.

Con base en información oficial del Banco Central del Ecuador, las exportaciones que alcanzaron los $ 2.697 millones habrían tenido como destino final cuentas en el exterior.

El informe detalló que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) había emitido un reporte de operaciones inusuales (ROI) del 2013 en el que se exponía que “en ocasiones el mismo día, estos fondos son reenviados al exterior o salen de las cuentas mediante el pago de cheques a través de otras empresas vinculadas”.

Fue el 16 de octubre de 2009 cuando Ecuador suscribió el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos y en el 2022 hubo un pronunciamiento para separarse de él. La Corte Constitucional (CC), en un dictamen del 13 de abril de 2022, concluyó que la denuncia del tratado requiere aprobación de la Asamblea Nacional, porque fue aprobado por este organismo. Esto aún no se concreta. (I)