Copias certificadas de facturas por servicios prestados, contratos, comprobantes de retención y documentos que respalden pagos recibidos por 71 personas naturales y jurídicas mediante 138 facturas es lo que busca la Fiscalía en el caso Sobornos.

El objetivo de la disposición de la fiscal general, Diana Salazar, emitido en sus dos últimos impulsos, es confirmar cuáles fueron los servicios prestados por los que pagaron empresas como Metco, SK Engineering & Construction, Fopeca, Sanrib.

Las empresas que pagaron los rubros y quienes brindaron los servicios son parte de la información recuperada del computador de Laura Terán, una de las cuatro personas investigadas en esta causa que indaga la entrega de recursos en efectivo o mediante cruce de facturas para gastos del movimiento Alianza PAIS.

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Carlos Cortázar, abogado de Bolívar Sánchez y Sanrib, aseguró que ninguno de sus clientes ha sido contratista del Estado. Negó que Sánchez, quien es parte de la lista de 22 personas que pide Fiscalía sean vinculadas al caso, haya sido representante o accionista de alguna constructora china. Cree que hay “mala intención”. “Pienso que en algún momento alguien lo vio como extorsionable (a Sánchez)”, quien deberá rendir su versión el viernes 2 de agosto vía Skype desde Miami.

Sobre Pedro Verduga, dueño de Equitesa, la Fiscalía pide en su impulso que se confirmen sus movimientos migratorios, además de que al Registro Civil y a la Agencia Nacional de Tránsito y Equitesa les solicita información personal de Verduga, quien también es parte de la lista, para vincularlos.

La Fiscalía ordenó que este viernes peritos de Criminalística inspeccionen oficinas en los edificios La Unión y Concorde, que fueron usadas por Pamela Martínez y Terán. (I)