Cinco de 28 postulantes a presidir la Fiscalía General del Estado, entre ellos, un abogado de Santo Domingo de los Tsáchilas, suman las más altas calificaciones de sus méritos valorados en 50/100, en el concurso público que se alista para la etapa de impugnación y el examen escrito y oral.
La comisión ciudadana que tiene el encargo de desarrollar las etapas del concurso público para elegir al próximo fiscal general empieza a preparar la prueba de conocimientos y la exposición de un caso práctico que definirá quién podrá llegar a ese despacho con el más alto puntaje.
Este miércoles, los comisionados preveían aprobar el informe de necesidad para la contratación de una auditoría informática que mantenga la seguridad de las preguntas del cuestionario.
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El reglamento para elegir a esta dignidad contempla 30 puntos para el examen escrito de 60 preguntas de opción múltiple que se entregará a cada postulante; y 20 puntos, por su desempeño en la exposición de un caso relacionado con la actividad de un fiscal.
Entre los 50 en méritos y 50 en el examen de conocimientos suman los 100 puntos.
El cuestionario de 3.000 preguntas y los casos prácticos los elaborará un grupo de 30 docentes universitarios especializados en derecho penal, procesal penal, en técnicas de litigación oral y manejo de audiencias, en gestión pública, derecho constitucional, derechos humanos y en pedagogía.
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Para esto, las universidades del país deberán remitir las carpetas de los catedráticos para de allí escoger por sorteo a los 30.
Previamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debe contratar este equipo de seguridad informática que garantice transparencia y la integridad, así como el sigilo de la información relacionada con esta fase.
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No obstante, aunque la comisión empezó los trámites administrativos, aún debe culminar la calificación de méritos y la impugnación, esta última en la que la ciudadanía y la sociedad civil pueda objetar a los postulantes por falta de probidad e idoneidad.
El 8 de mayo anterior, la comisión aprobó el informe preliminar de calificación de méritos de los 28 concursantes, que tiene entre los cinco primeros lugares a
- Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), con 48 puntos.
- Inés Romero, jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con 46,75/50.
- Carlos Alarcón, actual fiscal subrogante del exfiscal subrogante Wilson Toainga, que tiene 46,5
- Salomón Montecé Giler, abogado de Santo Domingo de los Tsáchilas, con 46 puntos, que se ha desenvuelto en la docencia y tres años de ayudante judicial en el Consejo de la Judicatura (CJ) y más de un año en la Defensoría Pública. La comisión le concedió los máximos puntajes en cada ítem, ubicándolo entre los primeros lugares. Por ejemplo, 15 puntos en experiencia laboral y 10 puntos en experiencia específica; 5 en méritos; y, solo en sus títulos universitarios en el que el máximo es 20 puntos le dieron 16.
- El exjuez nacional Walter Macías Fernández sumó 45. El abogado manabita se autoidentificó como montuvio, pues por acción afirmativa se concede un punto. Sin embargo, el certificado que acreditaba esta condición era de febrero del 2026 y el reglamento establece que debe ser de, por lo menos, dos años antes de la postulación.
El postulante con la nota más baja es Franklin Rea, que alcanzó 17/50. La nota corresponde a sus títulos universitarios, ya que en experiencia laboral y trayectoria tuvo “0″ puntos.
De acuerdo con los plazos reglamentarios, la comisión tendría hasta este jueves o viernes para recibir los pedidos de recalificación de los aspirantes que se sientan afectados y correrá otro periodo de cinco días hábiles para hacer el informe final.
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Lo que se prevé es que el 28 de mayo cierre esta etapa y se inicie la impugnación.
Entre los aspirantes que pedirán recalificación está José de la Gasca —exministro de Gobierno de la administración de Daniel Noboa—, que obtuvo 41/50, quien en declaraciones a medios de comunicación cuestionó el procedimiento que aplicó la comisión para calificar y no desestimó que haya intención de perjudicarlo para “dejarlo fuera de la contienda”.
Ejemplo del mecanismo de calificación adoptado por la comisión, es que el informe del 8 de mayo no precisa por qué y cuántos puntos se asignó a certificados o publicaciones de los aspirantes al cargo.
A propósito del proceso de selección, en la justicia ordinaria hay interpuestas dos acciones de protección de postulantes que reclaman haber sido inadmitidos.
En ninguno de los dos casos hay sentencia, pese a que esta etapa del concurso terminó en abril pasado. (I)