El Decreto Nº 751 que el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el 21 de mayo tiene dos caras. Primero amplía en 60.450 hectáreas (ha) hacia el noroccidente los límites de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT), esa porción de selva entre las provincias de Orellana y Pastaza que en teoría no puede tocarse para garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV).

Lo negativo es que el documento también da paso a la instalación de “plataformas de perforación y producción de hidrocarburos” en toda la franja de 10 km que bordea la ZITT. Es una extensión de 396.025 ha denominada como zona de amortiguamiento, cuya función es actuar de barrera para frenar afectaciones dentro de un área protegida. Esta decisión es rechazada por los ambientalistas y dirigentes indígenas.

Hasta antes del decreto, la declaratoria de interés nacional de octubre del 2013 de la Asamblea dio paso a la explotación petrolera, pero solo y exclusivamente en las partes de los bloques 31 y 43 (este último conocido como ITT) que están dentro del Parque Nacional Yasuní (PNY) y de la ZITT.

El decreto de Moreno, en cambio, permite que haya pozos en toda la franja de amortiguamiento que rodea la ZITT, es decir, amplía el área posible donde se puede realizar ese tipo de actividad extractiva, dice Benito Bonilla, uno de los voceros del grupo YASunidos.

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El ministro del Ambiente, Marcelo Mata, aseguró que no habrá por el momento intervenciones con fines de explotación petrolera ni en la zona de amortiguamiento ni en el PNY, incluso en las partes donde lo tienen permitido.

Si bien el decreto anterior permitía la explotación en el área de amortiguamiento de la ZITT, dice Eduardo Pichilingue, ex coordinador del Plan de Medidas Cautelares para la protección de los no contactados, solo se podía perforar el subsuelo de manera horizontal para llegar a los yacimientos sin afectar la superficie.

“Con el actual decreto se hace el cambio a la posibilidad de construir plataformas dentro del área de amortiguamiento, incluso en los otros bloques que se superponen a esas zonas como el 16, 14, 17, Armadillo”.

Aunque hay una ampliación del área donde está prohibida la explotación petrolera, agrega Pichilingue, esta solo cubre una parte del sitio donde se presume están los PIAV. “Hay una idea clara de que esos pueblos se han estado moviendo por ese sector (el área que se amplía), lo cual no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que existen movimientos por otras partes del territorio. Lo que pasa es que en estas zonas más cercanas a la carretera y a los sectores colonizados es mucho más fácil y probable un encuentro fortuito”.

El actual régimen establece el Decreto 751 tras un año y tres meses de que el 67,31% de los electores aprobara en consulta el incremento de los límites de la ZITT y mermar el área de explotación petrolera de 1.030 ha a 300 dentro del PNY.

Sin embargo, el informe del colectivo Geografía Crítica publicado esta semana indica que se habría superado en casi el doble el tope de afectación que se preguntaba en la consulta, es decir, ya habría afectaciones en 597 ha tomando en cuenta el alcance del impacto que tiene el ruido que genera la actividad petrolera sobre el territorio.

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La organización llega a esa conclusión tras una inspección defensorial realizada con la Defensoría del Pueblo en noviembre pasado.

La tala es una de las actividades registradas en la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), lo que ha provocado encuentros con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV). Foto: Archivo

Antes de la nueva delimitación de la ZITT se estableció que la afectación en los bloques 31 y 43 cubría 47 ha, según el Gobierno.

Pero Bonilla asegura que esa es una medición objetiva. “Allí solo calculan la dimensión que puede tener un cuarto de máquinas o el área que cubre el pozo y la infraestructura física sin medir la afectación extensiva, es decir, el ruido qué tan lejos llega. Cuando desarrollamos actividades de este tipo en lugares tan delicados, el ruido espanta los animales y eso significa que los pueblos que viven cerca se quedan sin cacería. En el recorrido no se permitió la medición del impacto en el aire y en el agua”, indica.

Milagros Aguirre, estudiosa del Yasuní y de su población aborigen, asegura que con lo aprobado en la consulta popular se buscaba ir más allá de un cambio de límites al fijar una política de protección con recursos que sea efectiva. “Parece que la única prioridad sigue siendo ampliar la frontera petrolera para todos los lados y los pueblos aislados siguen siendo la última prioridad”.

La ampliación de la ZITT, según Aguirre, implicaba un compromiso de poner límites a las actividades dentro del Yasuní. “De ningún modo era limitar a unos habitantes que no saben de fronteras. Era poner límites a las sucesivas incursiones de maquinaria, helicópteros en la zona, motosierras, por ahora estos grupos parecen estar condenados a vivir en una jaula rodeada de petróleo”. 

Situación de los no contactados

El último indicio de presencia los pueblos no contactados se evidenció hace unas semanas en un poblado secoya en la frontera con Perú, según Aguirre.

En los últimos años hay evidencia de que están hacia el sur del río Curaray, donde se tiene previsto la nueva ronda de licitaciones petroleras, afirma Pichilingue. (I)