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La Comisión Nacional Anticorrupción denuncia la existencia de 39 casos de instituciones públicas que contrataron con 22 empresas fantasmas entre el 2012 y el 2016. El perjuicio para el Estado sería de $28.6 millones.


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Entre las favoritas destacan las representantes latinoamericanas, quienes continúan demostrando su fuerza en el certamen internacional.
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