Este miércoles a las 14:00 está convocada una audiencia de medida cautelar en la Unidad Judicial Mariscal Sucre (Veintimilla y Juan León Mera) en la que se decidirá sobre un pedido de medidas cautelares presentado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables para dejar sin efecto la realización de la consulta popular en Quimsacocha sobre minería.

Para el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, se trata de una audiencia muy importante, pues de ella depende el derecho constitucional de millones de ecuatorianos a beneficiarse o no de los recursos que puede generar el proyecto de minería responsable Loma Larga, a cargo de la empresa canadiense INV Metals.

El argumento del Ministerio para pedir que no se realice la consulta popular -aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en noviembre pasado y cuya convocatoria se lanzó el 30 de enero de este año- es que no se habrían seguido las instancias legales correspondientes. En primera instancia, la consulta no cuenta con la validación de la Corte Constitucional, pues cuando fue aprobada, no estaba en funcionamiento la Corte pues había sido cesada.

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Por ello, para Benalcázar, este sería el momento para que, una vez que ya existe el alto tribunal de justicia recientemente nombrado, este se pueda pronunciarse.

De acuerdo con Benalcázar, otro de los problemas es que no se acogió el pedido de consulta de otros sectores directamente aledaños al proyecto como Chumblín y San Fernando que también pedían consultar sobre las regalías a la que tienen derechos estos sectores.

La jueza que debe determinar el destino del proyecto minero de la zona es Henny Ximena Barragán del Pozo. (I)