Autoridades de Imbabura presentarán demanda de inconstitucionalidad contra ley de eficiencia del gasto de los GAD

IBARRA En medio de la inconformidad de cuatro autoridades seccionales de Imbabura —la Prefectura y las alcaldías de Otavalo, Pimampiro y Urcuquí—, todas con autoridades de la Revolución Ciudadana, fue aprobado este viernes, 21 de febrero, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).Paolina Vercoutère, exgobernadora y actual viceprefecta de Imbabura, manifestó que la Asamblea Nacional “le ha dado la espalda al Ecuador, a Imbabura y a los gobiernos subnacionales”. “Desde catorce viceprefecturas hemos presentado con firmeza la demanda para el archivo de esta ley; no hemos sido recibidas, no hemos sido escuchadas”, dijo.Además, anunció que presentarán formalmente la demanda de inconstitucionalidad de esta ley. Agregó que buscarán estrategias para seguir ofreciendo sus servicios.Ella está al frente del programa Warmi Imbabura, una propuesta que lucha contra el maltrato a la mujer, y es parte de la Revolución Ciudadana.En tanto que Anabel Hermosa, alcaldesa de Otavalo, quien se desempeñó anteriormente como concejala de Quito y fue la primera mujer en ocupar la Alcaldía de esta ciudad, sostuvo que la Asamblea Nacional aprobó una ley que “ limita recursos y competencias para la atención social ” para quienes lo necesitan en sus territorios.“En Otavalo nuestro compromiso no cambia, se fortalece. Seguiremos junto a las y los deportistas, a nuestras mujeres beneficiarias de salud, a niñas y niños con discapacidad, a nuestros estudiantes de la Unidad Educativa Valle del Amanecer, a los adultos mayores y a nuestras sinchi warmi ”, publicó la autoridad local en sus cuentas oficiales en redes. Para Hermosa, se vienen tiempos difíciles e invita a la población a defender, resistir y sostener el trabajo social que protege a la gente.Los asambleístas Fernando Jaramillo, de ADN, y el independiente Pablo Jurado votaron a favor de esta iniciativa. En cambio, Pamela Aguirre y Fernando de la Torre, de Revolución Ciudadana (RC), no apoyaron la moción. Jurado, quien se inició en la política como jefe de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Ibarra, más tarde fue secretario general de la Prefectura de Imbabura, en dos ocasiones concejal de Ibarra, luego alcalde de esta ciudad y dos veces prefecto de Imbabura, puntualizó que como funcionario y como autoridad ha vivido las dos realidades (Municipio y gobierno provincial).El legislador explicó que existe la preocupación en los sindicatos de trabajadores de los gobiernos locales ante posibles despidos y la afectación de los programas sociales.Manifestó que con la aprobación de la reforma los grupos tendrán que irse a sus casas, ya que no vendrán recursos económicos para la agenda social de los organismos seccionales.“Les he explicado que existe un mandato legal que dice que todas las instituciones del Estado deben al menos destinar el 10 % del presupuesto de inversión para grupos o sectores de atención prioritaria”, apuntó y recordó que algunos patronatos fueron eliminados años atrás por ocurrencia de algún Gobierno; sin embargo, los que fueron declarados instituciones de derecho público han logrado mantenerse con servicios de salud.“En Imbabura trabajamos invirtiendo desde ese espacio en programas contra la violencia de la mujer , en temas de movilidad humana, con personas con discapacidad y otros temas sociales, con base en alianzas con organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras. La administración actual no le dio más vida y creó la Casa de la Mujer con un modelo propio”, añadió y recalcó que no conoce en qué parte o artículo se prohíbe a alcaldes o prefectos apostarle a la obra social.El asambleísta Jurado advirtió que, en ciertos territorios, los prefectos que quieren ser alcaldes generan impacto en la obra pública, en la parte urbana, y que los alcaldes que aspiran a ser prefectos invierten en la zona rural. Consideró además que ninguna ley “está escrita en piedra” , todo es susceptible de ir a la perfección, por eso es importante también acoger sugerencias que se plantean desde la inconformidad. No obstante, citó que la gente no está conforme con cómo se están manejando los recursos, así como las alcaldías y prefecturas, pero —agregó— que, si en el camino, con las reformas, se detectan inconvenientes, habrá que desde la Asamblea mejorar con la participación ciudadana las normas que vayan en favor de los más necesitados. (I)

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