El periodo de campaña electoral se acorta y los candidatos se apuran para promocionar su imagen. Espectáculos musicales, bingos, caravanas y recorridos en los que, algunos, regalan camisetas, calendarios, banderines y demás accesorios son parte de la agenda diaria que podrán cumplir los aspirantes hasta el 21 de marzo, tres días antes de las elecciones.

Controlar el financiamiento de estos eventos durante la campaña electoral está dentro de las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que estableció en diciembre pasado el límite del gasto electoral; es decir, el monto de aportaciones que reciben las organizaciones políticas de diversas fuentes y que no impliquen la contratación de publicidad en prensa, radio, televisión y vallas.

El artículo 209 de la Ley Orgánica Electoral Código de la Democracia establece los montos de acuerdo con el número de electores y candidatos para cada dignidad.

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Así, por ejemplo, los candidatos que mayor monto de gasto electoral tendrían son los de las jurisdicciones de Guayaquil y Quito, con $ 408.153,80 y $ 403.658,60, en su orden.

Detectar excesos y establecer sanciones, en caso de darse, son tareas del CNE, para lo cual su presidenta, Diana Atamaint, ya tuvo acercamientos con la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Diana Salazar. La intención es, a través de la firma de un convenio, coordinar acciones para prevenir y detectar el uso de recursos ilícitos en el financiamiento de campañas electorales. Este se suscribirá en la presente semana, según un comunicado.

Días atrás, el consejero Luis Verdesoto aseguró que tenía información respecto a que habría “dinero del narcotráfico” en la campaña; pero al momento no ha presentado ningún informe al CNE.

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Para algunos analistas este esfuerzo no sería suficiente y para otros hasta innecesario.

Para Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), resulta innecesario estas coordinaciones con la UAFE, porque el dinero ilícito no entra por el sistema financiero y más bien dice que lo que debe hacer el CNE, a través de las juntas electorales, es verificar in situ estos espectáculos públicos con cantantes y demás eventos que organizan los candidatos porque sirven para cuantificar y pedir las justificaciones de dónde salen estos recursos.

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“La UAFE ve el dinero que se mueve a través del sistema bancario y a través de este no llega el dinero ilícito (porque) se maneja casi en efectivo”, expresa.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, menciona que al cruzar información con el SRI o la UAFE se puede, por ejemplo, detectar a una persona que dentro del Ministerio de Relaciones Laborales o el SRI registra un sueldo de $ 500 y sea aportante de miles de dólares en una campaña.

Aunque expresa que pese a estas acciones aún sigue siendo incipiente el control del gasto electoral y añade que las cuentas que entregan los partidos políticos deberían ser puestas a disposición de la ciudadanía para ser escrutadas.

Nubia Villacís, expresidenta del CNE, dice que el organismo sí tiene la capacidad técnica, pero no están de más los convenios interinstitucionales para perfeccionar esta labor como ya se dio en años anteriores, en que se firmó con la Contraloría General del Estado para controlar el uso de recursos o medios públicos en campaña electoral. (I)

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