Ángelica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) de transición, presentó una denuncia en la Fiscalía de Pichincha, en la que menciona que ella y tres miembros del equipo técnico de ese organismo, que dan apoyo a la Mesa por la Verdad y Justicia "Perseguidos Políticos Nunca Más", han recibido amenazas directas e indirectas contra su integridad personal y para que no continúen con su trabajo.
En su denuncia, Porras recordó que el CJ la designó para apoyar a esa comisión.
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Solicitó que se inicien las investigaciones correspondientes, se disponga la recepción de su versión, y que se realicen las diligencias del caso. Esas amenazas, indicó, se realizaron entre el 11 y el 13 de diciembre pasados.
Designó al abogado Richard González como su representante legal.
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El pasado 10 de diciembre, la Mesa por la Verdad y Justicia presentó los avances preliminares del informe sobre la situación de supuestos perseguidos políticos entre 2007 y 2017. Al momento se han identificado 493 indicios de faltas cometidas al debido proceso, entre jueces, conjueces y fiscales, cortes provinciales y jueces de primera instancia, de tribunales penales, fiscales provinciales y agentes fiscales.
Porras dará este miércoles detalles de las amenazas recibidas. (I)