La Asamblea Nacional busca sacudirse del escándalo por el denunciado cobro de ‘diezmos’ a servidores que involucrarían a varios asambleístas.
Se planteará en el Pleno ir a una depuración interna. De darse esto sería la segunda purga en 21 años, luego que en 1997 el Congreso destituyó a 17 diputados involucrados en la llamada Red Peñaranda.
Otro camino es el judicial como lo plantea el asambleísta Fabricio Villamar (CREO), que receptó denuncias de cobros de un porcentaje del sueldo a personal a contrato bajo el manto de “aportes voluntarios”.
Una tercera vía es la reforma a la Ley de Servicio Público presentada por Jorge Yunda (AP), que da estabilidad laboral a los que denuncien estas prácticas en todas las instituciones.
La Asamblea ya aprobó el 6 de septiembre una resolución que para Villamar es tibia, pues en medio de una investigación pide “preservar el buen nombre de los asambleístas y nada se dice de la erradicación de la corrupción, casa adentro”.
Ante ello, hoy pedirá incluir en la agenda del Pleno el tema, y que se integre una comisión que establezca quiénes podrían estar implicados en el cobro de ‘diezmos’, que podría llevar a la destitución de asambleístas.
En las denuncias receptadas por Villamar hay tres exlegisladores: Ángel Vilema, antes AP denunciado por Luis Salgado y José Garzón, proceso que está en la Fiscalía; Vanessa Fajardo (AP) por denuncia de Vicente Torres, y Leandro Cadena (IND), acusado por Viviana de la Cadena, caso judicializado.
En la lista de los actuales asambleístas está Johana Cedeño (AP), denunciada por Vanesa Guerra, y como pruebas se presentaron depósitos y mensajes de WhatsApp en los que se pide que se “pongan al día” y que las contribuciones incluían los décimos, a más de mensajes donde se solicita la compra de telas y se detallan características y la dirección del almacén.
Andrea Utreras denunció a Karina Arteaga (AP), tiene mensajes de WhatsApp. La asambleísta sostiene que su denunciante trabajó desde el 1 de enero de 2018 por dos meses, que pidió su separación porque no cumplía con sus expectativas laborales, y que ella nunca recibió un centavo; pero se enteró de que alguien pasaba por los despachos exigiendo cobros para el movimiento.
A Norma Vallejo (AP) la acusan Doris Vaca y Carlos Robles, presentaron transferencias bancarias, fotos y chats. Vallejo está dispuesta a que se revisen sus cuentas y asegura que no conoce de una denuncia y si la hay responderá.
El denunciante de María José Carrión (AP) no quiere que se exponga su nombre.
Raúl Auquilla, antes CREO y ahora PSC, es denunciado por Elizabeth Guachilema.
Fernando Flores (CREO), por Becker Miño, esta semana el legislador dará su versión; y Tito Puanchir (PK) es señalado por Martha Campoverde, quien dice que le pidió $ 6 mil como anticipo por un cargo que nunca le dio. Puanchir afirma que la denunciante es su amiga, y que le prestó $ 6 mil, que hay un compromiso de pago y tiene una citación judicial, que hasta ahora le ha pagado $ 4 mil.
Hay otra denuncia contra Sebastián Palacios (SUMA), pero por supuesto tráfico de influencias; el proceso lo presentó en la Fiscalía Washington Añasco. El legislador anuncia acciones judiciales pues asegura que jamás recibió un centavo, y que Añasco le pidió cargos, presiones a las que nunca accedió.
Para Gabriela Rivadeneira (antes AP), se busca show mediático, y recuerda que en 2015 la Contraloría ya realizó un examen general a la Asamblea.
Esteban Bernal (CREO) cree que se debe reforzar el control del área de personal hacia los asesores y auscultar la producción de los asambleístas.
María Mercedes Cuesta (FE) es partidaria de una investigación con la Fiscalía de los tres últimos periodos. Para Henry Cucalón (PSC), lo más lógico es que la Controlaría investigue a todos los legisladores, y sean procesados por la Fiscalía.
Raúl Tello (BIN) también considera que la investigación la haga la Fiscalía y no la Asamblea, para que no actúe como juez y parte, y si hay responsabilidades penales ir a la destitución de los asambleístas.
Aportes a movimiento
La coordinadora de Alianza PAIS, Ximena Peña, dice que hay preocupación por las denuncias, pero que se debe diferenciar los llamados ‘diezmos’ de los aportes voluntarios como adherentes a ese movimiento político, y que eso está consagrado en el Código de la Democracia y en reglamentos internos; y que si hay acusaciones estas deben ventilarse en la Fiscalía.
El asambleísta de CREO Fabricio Villamar advierte que lo que hay que comprobar es si las contribuciones voluntarias a nombre de las organizaciones políticas entraron a las arcas correspondientes, si no resultaría una estafa.
La asambleísta Karina Arteaga(AP), aclara que son aportes voluntarios los que exigían pagar a su ex colaboradora,Andrea Utreras, pero que no conoció a la persona que recogía, porque ella pasa ocupada. @eluniversocom pic.twitter.com/swU1py6tD8
— Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 14 de septiembre de 2018
Andrea Utreras: Nos tocaba cubrir los almuerzos de legisladora
“Entré a trabajar con la asambleísta Karina Arteaga como asistente administrativa con un sueldo mensual de $ 1.300. Se me pedía que colabore voluntariamente con una cuota para el movimiento Alianza PAIS, al cual se debe la legisladora; cuando hablé con la asambleísta que no iba a pagar lo que se me pedía, ella dio por terminado mi contrato a las doce semanas de haber entrado al cargo.
Nos tocaba cubrir, entre los compañeros del despacho los almuerzos y movilizaciones de la legisladora, para lo cual incluso se comenzó a hablar de una especie de fondo.
Tengo el testimonio de dos personas que trabajan en la Asamblea desde el periodo de Gabriela Rivadeneira, donde ellas en una reunión social revelaron que el cobro de cuotas para AP es una práctica común, y que el marido de la expresidenta exigía el 4 % del sueldo, de manera obligatoria y eran cerca de 50 colaboradores como presidenta de la Asamblea”.
Elizabeth Guachilema: Me pidió $ 6.000, $ 1.000 y compras
“Antes de ser mi jefe, Raúl Auquilla fue mi compañero porque trabajamos con Rafael Dávila. Cuando llega a asambleísta en el 2013 me pidió que lo acompañe y antes de posesionarse me pidió que le preste $ 6.000, y para ello hice un préstamo en el banco y le entregué $ 1.000 en efectivo y $ 5.000 en depósito bancario y tengo el documento. Luego me pidió que colabore con $ 1.000 en efectivo para pagar el sueldo de una persona con discapacidad; luego me pedía que le compre recetas médicas, que lleve a lavar su vehículo, y una vez me pidió que le compre un perfume para su esposa.
Luego volvió a pedirme $ 1.000 más y para ello volví a pedir un préstamo al banco, que se venía descontando mes a mes. Posteriormente me despidió y empecé una acción penal y demanda laboral, y todo el caso lo conoció el ex candidato presidencial Guillermo Lasso (CREO) y posteriormente César Monge intervino y procedió a pagar lo adeudado”. (I)
