Que una segunda persona haga compras, firme contratos, viaje o hasta se registre en una clínica usando su nombre con un documento falso es posible en Ecuador. La Fiscalía registra 12.559 denuncias por suplantación de identidad y 8.362 por falsificación y uso de documento fraudulento entre agosto del 2014 y mayo del 2018.

Lo más común, según fiscales, son las compras a crédito en las que las deudas quedan para los verdaderos dueños de la identificación. El afectado se percata de que alguien usa sus datos cuando la ilegalidad está consumada y deja rastros.

Santiago Ávila, director de investigación civil y monitoreo del Registro Civil nacional, afirma que se trata de cédulas “burdamente falsificadas. No hemos tenido conocimiento de una clonación que sea similar a la real”. Y relata un ejemplo: En una adulterada el mapa del Ecuador, que es de tinta holográfica en la original, fue formado con escarcha.

En la mayor parte de los casos son cédulas auténticas que son adulteradas, según Cecilia Garzón, fiscal uno de fe pública del cantón Quito que investiga estas denuncias.

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Hay situaciones más graves que otras. Gonzalo vive en Santa Elena y trabaja en Posorja como soldador en barcos. Hace cuatro años lo despidieron de su antiguo empleo porque aparecía en documentos oficiales como detenido por robo, le dijeron. Su sobrino Pedro trabaja con abogados en Guayaquil y lo asesoró.

Tras denunciar en la Fiscalía se determinó que un acusado de robo, al ser detenido, presentó una cédula con los datos y numeración de la de Gonzalo. “Hasta ahora no sabemos quién realmente es el que estuvo preso con el nombre de mi tío”, señala.

El caso aún no se resuelve. Gonzalo consiguió otro trabajo con la ayuda de un certificado del Registro Civil que evidencia que él no es quien estuvo detenido. “Al acusado nunca le hicieron el análisis biométrico de la huella dactilar para verificar su identidad”, reclama Pedro, quien se queja de la lentitud de la justicia en estos casos. Todo depende de que el afectado impulse el proceso. También se denuncia en la Defensoría del Pueblo para identificar la vulneración de ciertos derechos.

Jorge G., en cambio, se enteró el 8 de enero último que con su número de cédula compraron medicinas en Huaquillas, en la frontera con Perú, cuando le llegaron facturas vía e-mail. Él supone que el hecho se dio tras la frase ‘¿factura o consumidor final?’. “Yo digo mi número de cédula sin presentarla, asumo que quien me suplantó hizo lo mismo”.

Marco Pacheco, coordinador regional de la Defensoría del Pueblo en Guayaquil, Durán y Samborondón, indica que las empresas que son estafadas también tienen la obligación de impulsar los procesos y que deben mejorar sus protocolos de seguridad.

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Pero la resolución de los casos se complica. Estos delitos continúan, dice Garzón, porque “muy rara vez” se obtiene la cédula con la que se hizo la compra. Con la fotocopia no se puede hacer pericia, afirma. “En la suplantación es totalmente difícil llegar a establecer al autor. Los almacenes no tienen la prolijidad de pedir al menos una copia a colores”.

Ella admite que hay “muy pocas sentencias” en esos procesos. “En un 10% se ha llegado a establecer cuando el que suplanta es un familiar o conocido”, revela y considera difícil que un afectado pueda evitar que otra persona continúe haciéndose pasar por él: “Tenemos casos en los que se confirma el delito, se extingue la deuda y se archiva el caso, pero luego de nuevo pasa”.

A un hombre lo suplantaban reiteradamente para obtener créditos en Quito, hizo la denuncia y una vendedora de planes de celular que conocía el caso alertó a la policía cuando el suplantador se presentó en un local del sur de la capital. Fue detenido.

Las autoridades del Registro Civil tienen la obligación de responder con informes a la Fiscalía. Ávila indica que según el art. 28 de la Ley de modernización del Estado la administración pública tiene quince días para resolver un requerimiento.

Hay formas de evitar que los locales comerciales sean estafados. El Registro Civil nacional y el municipal en Guayaquil cuentan con servicios gratuitos y pagados que tienen varios niveles de verificación de la cédulas en tiempo real.

El gratuito permite validar si el número de cédula existe y corresponde a los nombres, pero no verifica el chip, foto, firma y datos restantes.

El servicio electrónico municipal pagado cuesta desde $ 0,15 por consulta. “Se dan ciertas claves de acceso al usuario vía convenio para que accedan a la base de datos y puedan comparar el número de cédula si coincide la huella, la foto, la firma, la fecha de la última emisión”, dice Olivier Dumani, director de la Corporación Municipal. Un total de 50 empresas han contratado este servicio con esa entidad.

No es norma que el titular real de una cédula la pierda o se la roben para ser víctima de los suplantadores. Los datos como los nombres y números de cédula se pueden obtener en internet. “Se hace mal uso de la información pública”, asegura Dumani.

Las víctimas de suplantación que aparecen en este artículo han pedido la reserva de la fuente para no entorpecer las investigaciones. (I)