Prioridad del Consejo transitorio de Participación para investigar serán obras estratégicas

Obras estratégicas y llamadas emblemáticas construidas en los diez años de administración de Rafael Correa serían la prioridad en las investigaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición.

Lo hará a través de la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción, que ahora está liderada por María de Lourdes Arboleda. Ella es integrante de la agrupación civil llamada Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), pero que pidió licencia para dedicarse a la actividad pública.

Esta instancia ciudadana indagó los contratos de construcción de varias obras estratégicas del anterior régimen conocidas como el caso Manduriacu, Caminosca, Toac hi-Pilatón, entre otras, que les llevaron incluso a enfrentar un juicio penal planteado por el excontralor del Estado Carlos Pólit, por el que fueron perdonados.

El Consejo de transición está planificando culminar el año que estará en funciones como parte del mandato de la consulta popular de febrero pasado, con informes de investigación de al menos 16 proyectos estratégicos.

Arboleda confirmó que pondrán “énfasis” en tratar casos como el de la Refinería de Esmeraldas, del Pacífico. “La Secretaría va a hacer un mapeo y un estado de cómo está la situación, y tomar decisiones sobre temas importantes”, precisó.

Y además de estas obras se observarán el poliducto Pascuales-Cuenca, Mazar-Dudas, la edificación de las hidroeléctricas San Francisco, Manduriacu, Toachi-Pilatón, el proyecto Daule-Vinces, la construcción de los hospitales públicos, o las exaltadas escuelas del milenio, y otros como el manejo de la deuda pública, o la preventa petrolera.

Estos han sido pedidos de varias organizaciones de la sociedad civil y de la propia CNA, que han acudido hasta el Consejo en las últimas dos semanas para plantear sus inquietudes.

Cuando Arboleda asumió el cargo habló de un estimado de 3.000 denuncias ingresadas en los últimos diez años, por lo que su primera acción es “levantar las pesadas cortinas que se constituyeron bajo la figura del archivo de casos”.

La rendición de cuentas 2017 del ‘CPC cesado’ registra 447 denuncias: 398 represadas del 2015 y 2016, y 49 ingresadas el 2017; 151 tienen informe de cierre y 296 están en gestión.

Los vocales transitorios esperan encaminar las investigaciones y dar informes resolutivos en marzo o abril del 2019, antes de que tome posesión el CPC definitivo.

Pedidos hechos al CPC
Organizaciones sociales se han volcado al Consejo de Participación de transición, los pedidos recurrentes son por la investigación del sistema de justicia y sobre recursos del IESS. La Comisión Nacional Anticorrupción, su delegación de Manabí, el Frente Unitario de Trabajadores, Iniciativa Demos-Kracia, la Federación Democrática Trabajadores Guayas, Frente Popular, la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, la UNE, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, que señala falta de “independencia” en la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Asambleístas de CREO, Esteban Bernal y Mae Montaño, fueron a pedir que se evaluara al fiscal Carlos Baca, al Consejo de Judicatura y su presidente, Gustavo Jalkh.

Todas las denuncias están en análisis. La Secretaría tiene la tarea de clasificarlas y priorizarlas. Algunas cuestiones no son de su competencia como un juicio de alimentos”.Julio César Trujillo, Titular del Consejo de Participación transitorio

(I)