La auditoría de la deuda que lleva a cabo la Contraloría General del Estado tiene como foco de su análisis a tres instituciones que fueron clave en la contratación de créditos durante el gobierno de Rafael Correa: el Ministerio de Economía (MEF), el Banco Central del Ecuador (BCE) y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

La orden de trabajo con la que empezó la revisión fue suscrita por el contralor subrogante, Pablo Celi, el 1 de agosto del año pasado, y allí dispuso la realización de un examen especial “a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017”.

Varios funcionarios del frente económico del Gobierno anterior –entre ellos el propio Correa– fueron notificados por la Contraloría, para que expliquen su rol en el endeudamiento público durante el periodo de análisis.

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Para Correa se trata de una persecución por haber firmado el decreto 1218, que le permitió a su gobierno reducir el valor de la deuda con relación al PIB y, a su vez, mantenerse bajo el límite establecido por el Código Monetario y Financiero.

Sin embargo, la tarea de control continúa y los auditores no descartan establecer responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales.

Mientras tanto, la veeduría conformada por el organismo ya revisa la documentación y ha hecho observaciones sobre la reserva en los procesos de crédito. Este grupo, destacado por la Contraloría, pero cuestionado por los voceros del gobierno de Correa, está integrado por 11 personajes: los representantes empresariales Roberto Aspiazu y Patricio Alarcón, el experto en deuda Ramiro Crespo, el exdiputado León Roldós, la exjueza Ana Abril, los excontralores Alfredo Corral y Marcelo Merlo, la exfiscal Mariana Yépez y los investigadores económicos Pablo Dávalos, Magdalena Barreiro y Eduardo Valencia.

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Pablo Dávalos explicó que la próxima semana se definirá la metodología del seguimiento, adelantó al menos siete temas que impulsarán los veedores: determinar el monto real de la deuda pública, incluir las operaciones de venta anticipada de crudo, evaluar las emisiones de bonos, revisar la deuda con China, definir las acreencias del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, reformar las normas de reserva sobr los procesos crediticios y hacer un balance entre los montos y costos de los préstamos versus la inversión efectiva realizada.

Once auditorías
Al momento, la Contraloría ya ha realizado once auditorías a los procesos de contratación de deuda. Esos informes sirven de soporte para el examen especial ordenado en agosto pasado.

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Responsabilidades
En algunos informes se establecieron responsabilidades civiles y administrativas. Exautoridades económicas fueron notificadas. (I)