¿Cuáles son las siete preguntas de la consulta popular y el referéndum en Ecuador?

¿Cuáles son las siete preguntas de la consulta popular y el referéndum en Ecuador?
¿Cuáles son las siete preguntas de la consulta popular y el referéndum en Ecuador?
QUITO. La secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez (i), y el secretario Nacional de Gestión de la Política, Miguel Carvajal (d), junto a la Canciller y otros funcionarios del régimen entregaron en la Corte Constitucional las preguntas para la consulta popular decidida por el primer mandatario, Lenín Moreno Garcés.
3 de Octubre, 2017 - 18h46
3 Oct 2017 - 18:46

Actualizado al 1 de diciembre del 2017

El Gobierno Nacional mediante su secretaria jurídica, entregó la lista de preguntas para la consulta popular y referéndum en Ecuador a la Corte Constitucional.

El 29 de noviembre, el presidente Lenín Moreno emitió dos decretos para llamar a la consulta popular y al referendum al considerar que la Corte Constitucional superó en "demasía" los plazos. La secretaria jurídica de la Presidencia aclaró que la acción de convocar por decreto a la consulta popular deja sin "validez" las actuaciones de la Corte Constitucional.

Así, la consulta del 4 de febrero del 2018 consta de cinco preguntas de referéndum y dos preguntas de consulta.

Preguntas del Referéndum en Ecuador

  • 1) ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, como dice el Anexo 1?

Anexo 1
Constitución de la República del Ecuador

Sustitúyase el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente texto:

"Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones por omisiones, serán responsable administrativa, civil penalmente por el manejo administración de fondos, bienes recursos públicos.

Las servidoras servidores públicos los delegados representantes los cuerpos colegiados las instituciones del Estado, estarán sujetos las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos las penas correspondientes serán imprescriptibles en estos casos, los juicios se iniciarán continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas.

Estas normas también se aplicarán quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.

Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; estarán impedidos para ser candidatos cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos cargos públicos perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución."

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia

Sustitúyase el número del artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por el siguiente:

"2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción".

Ley Orgánica del Servicio Público

Sustitúyase el primer inciso de artículo 10 de Ley Orgánica del Servicio, por el siguiente texto:

"Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones las instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función dignidad pública".

Código Orgánico Integral Penal

Agregúese el número 14 al artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal, que disponga:

"14. Inhabilitación para contratar con el Estado que se aplicará en sentencias condenatorias por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, pena no privativa de la libertad que será comunicada al organismo técnico regulatorio del Sistema Nacional de Contratación Pública".

Agréguese como segundo inciso en el artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal, el siguiente:

"En el caso de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, los jueces de forma obligatoria aplicarán esta sanción por un lapso de entre diez veinticinco años".

En el artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal incorpórese el siguiente inciso final:

"Las personas condenadas con sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, responderán con sus bienes hasta el monto de la reparación integral del Estado la sociedad".

En el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal añádase el siguiente inciso final:

"En caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica será sancionada con la disolución liquidación el pago de una multa de quinientos mil salarios básicos unificados del trabajador en general".

En el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal incorpórese como tercer inciso, el siguiente:

"En caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica será sancionada con la disolución liquidación el pago de una multa de quinientos mil salarios básicos unificados del trabajador en general".

En el artículo 289 del Código Orgánico Integral Penal incorpórese como segundo inciso, el siguiente:

"En caso de establecerse responsabilidad de personas jurídicas serán sancionadas con su extinción multa de multa de quinientos mil salarios básicos unificados del trabajador en general".

  • 2) Para garantizar el principio de la alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi, y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el Anexo 2?

Anexo 2
Constitución de la República del Ecuador

Sustitúyase el texto del art. 114 de la Constitución por el siguiente:

"Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan".

Sustitúyase el segundo inciso del artículo 144 por el siguiente:

"La Presidenta Presidente de la República permanecerá cuatro años en sus funciones podrá ser reelecto por una sola vez".

Incorpórese una Disposición General Primera, con el siguiente texto:

"Disposición General Primera: Déjense sin efecto desde su aprobación los artículos 2, la Disposición Transitoria Segunda de las enmiendas constitucionales aprobadas del de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional."

Incorpórese una Disposición General Segunda, con el siguiente texto:

"Disposición General Segunda: Las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi no podrán postularse para el mismo cargo."

  • 3) ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?

Anexo 3

A efectos de dar cumplimiento con el mandato popular, se dispone:

1.- Terminación anticipada de periodo: Se dan por terminados los periodos constitucionales de los consejeros principales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana Control Social, quienes cesarán en sus funciones el día en que se instale el Consejo de Participación Ciudadana Control Social que llevará cabo la transición conforme este anexo.

2.- Enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador

Agregúese un inciso tercero al artículo 112 de la Constitución que disponga:

"Los partidos movimientos políticos sus alianzas no podrán postular candidatas candidatos las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana Control Social.".

Sustitúyase el inciso primero del artículo 205 de la Constitución por el siguiente texto:

"Los representantes de las entidades que forman parte de la Función de Transparencia Control Social tendrán fuero de Corte Nacional estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Ejercerán sus funciones durante un periodo de cinco años, excepción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Control Social cuyo mandato será de cuatro años. En caso de ser enjuiciados políticamente, de procederse su destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación, salvo para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Control Social, en cuyo caso se principalizará el correspondiente suplente hasta la finalización de ese período. En ningún caso la Función Legislativa podrá designar al reemplazo.".

Sustitúyase el inciso tercero del artículo 207 de la Constitución por el siguiente texto:

"Las consejeras consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre secreto cada cuatro años coincidiendo con las elecciones las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. El régimen de sus elecciones estará contemplado en ley orgánica que regule su organización funcionamiento.".

Agregúese un cuarto inciso al artículo 207 de la Constitución que disponga:

"Las consejeras consejeros deberán ser ciudadanas ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico de defensa del interés general. Las consejeras consejeros no podrán ser afiliados, adherentes dirigentes de partidos movimientos políticos, durante los últimos cinco años.".

3.- Régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana Control Social:

Se dan por terminados anticipadamente los periodos de las consejeras consejeros del actual Consejo de Participación Ciudadana Control Social.

Hasta la instalación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana Control Social conforme al sistema establecido en la Constitución enmendada, se establece un Consejo de Participación Ciudadana Control Social que asumirá transitoriamente todas las facultades, deberes atribuciones que la Constitución las leyes le otorgan al Consejo de Participación Ciudadana Control Social estará conformado por siete miembros nombrados por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el Presidente de la República. En caso de que la Asamblea Nacional no procediera al nombramiento de las consejeras consejeros propuestos en el plazo de veinte días contados desde la fecha de presentación de las ternas, asumirán los cargos aquéllos que ocupen el primer lugar en el orden de prelación de las mismas.

El Consejo en transición tendrá por misión el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia control, de participación ciudadana, de prevención combate la corrupción para lo cual propondrá los órganos competentes las reformas necesarias. El Consejo en transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana Control Social cesado, en el plazo máximo de seis meses desde su instalación, pudiendo, de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus periodos, si lo hiciere procederá inmediatamente la convocatoria de los respectivos procesos de selección. Para el efecto, expedirá una normativa que regule el proceso de evaluación garantizando el debido proceso, con audiencia las autoridades evaluadas incluyendo los mecanismos de impugnación participación ciudadana necesarios.

Del mismo modo, garantizará la mejora, objetividad, imparcialidad transparencia de los mecanismos de selección de las autoridades cuya designación sea de su competencia.

Los miembros del Consejo estarán sometidos a juicio político tendrán fuero de Corte Nacional.

El Consejo de Participación Ciudadana Control Social en transición ejercerá sus funciones de forma improrrogable hasta que se instale el nuevo Consejo tras su elección, que será coincidente con los próximos comicios para designar las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados.

Quedarán sin efecto los concursos públicos de oposición méritos que esté llevando cabo el actual Consejo de Participación Ciudadana Control Social para la designación de autoridades que sean de su competencia, desde la promulgación de los resultados oficiales del referéndum.

Las consejeras consejeros cesados en sus funciones del Consejo de Participación Ciudadana Control Social, así como, los integrantes del Consejo en transición, no podrán postularse como candidatos para la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana Control Social.

El Presidente de la República enviará un proyecto de ley que reforme la ley que regula la organización funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana Control Social para adecuarla a las enmiendas constitucionales, en el plazo de treinta días. La Asamblea Nacional, sin dilaciones, tramitará aprobará el proyecto en el plazo de sesenta días.

  • 4) ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador, para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, según el Anexo 4?

Anexo 4
Constitución de la República

Añádase al numeral del artículo 46 de la Constitución un segundo inciso con el siguiente texto:

"Las acciones las penas por delitos contra la integridad sexual reproductiva cuyas víctimas sean niñas, niños adolescentes serán imprescriptibles".

Sustitúyase el numeral del artículo 16 del Código Orgánico Integral Penal por el siguiente texto:

"Las infracciones de agresión un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, las acciones legales por daños ambientales; y, los delitos contra la integridad sexual reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas adolescentes, son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena".

Sustitúyase el inciso fínal del artículo 75 del Código Orgánico Integral Penal por el siguiente texto:

"No prescriben las penas determinadas en las infracciones de agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, crímenes de agresión un estado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, daños ambientales y, contra la integridad sexual reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas adolescentes".

  • 5) ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, y centros urbanos, de acuerdo al Anexo 5?

Anexo 5
Constitución de la República del Ecuador

Agregúese un segundo inciso al artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador con el siguiente texto:

"Se prohibe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos zonas intangibles".

Sustitúyase el artículo 54 del Código Orgánico de Ambiente por el siguiente texto:

"De la prohibición de actividades extractivas en áreas protegidas zonas intangibles.-Se prohiben las actividades extractivas de hidrocarburos minería no metálica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal, salvo la excepción prevista en la Constitución, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones pertinentes de este Código.

Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos zonas intangibles".

Preguntas de la Consulta Popular en Ecuador

  • 1) ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de Tierras y Especulación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía, según el Anexo 1?

Anexo 1

El Presidente Constitucional de la República deberá enviar un proyecto de ley la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente para derogar la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras Fijación de Tributos (Ley de Plusvalía) en un plazo no mayor de 15 días desde la publicación de los resultados en el Registro Oficial.

  • 2)  ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? (I)

Lea también: Consulta popular y referéndum en Ecuador será el domingo 4 de febrero de 2018

¿Cuáles son las siete preguntas de la consulta popular y el referéndum en Ecuador?
Política
2018-01-29T17:35:53-05:00
El documento para la realización de la consulta popular en Ecuador se encuentra desde la tarde del lunes en manos de los miembros de la Corte Constitucional, quienes deberán calificar las siete preguntas enviadas por el Ejecutivo.
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