Lenín Moreno reitera interés de llamar a consulta popular

En el espacio semanal El Gobierno Informa , el presidente de la República Lenín Moreno reiteró ayer su intención de llamar a una consulta popular.“Estamos analizando llamar a una consulta. El pueblo es nuestro mandante y él deberá pronunciarse sobre los cambios que se deben introducir para garantizar una democracia plena, sin caudillismos y con entidades transparentes, que garanticen el control de lo público”, indicó.“Todo se hará para afirmar los derechos de cada ciudadano, y de todos los colectivos, los pueblos y las nacionalidades”, expresó el mandatario, aunque no dio detalles de los temas que se tratarían en ese plebiscito. Vea también: Consulta popular vuelve a debate con postura de Lenín Moreno Entre dirigentes sociales, políticos y empresariales hay criterios divididos sobre la conveniencia de una nueva consulta popular.Unos están de acuerdo, otros señalan que es decisión del mandatario realizar dicha convocatoria.Los que están de acuerdo coinciden en que el eje central de la consulta debe ser la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que entre sus atribuciones tiene la selección de las autoridades de control y la lucha contra la corrupción.Respecto a este tema, el mandatario agradeció el lunes a “casi todos” los asambleístas por su respaldo en la lucha anticorrupción.“La lucha contra la corrupción no admite lealtades malentendidas. ¡Lealtad no es obsecuencia. Lealtad no es sumisión al capo, ni defensa al amigo vivaracho”.Para Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, es importante, para el futuro del país, que el presidente Lenín Moreno convoque a una consulta popular. “Es el mecanismo más adecuado para suprimir normas legales e instituciones que han afectado el normal desarrollo y la transparencia de este país”, dice.Además, sostiene que una de las preguntas fundamentales que se debe realizar al pueblo es la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC). “El actual sistema institucionalizado de corrupción que existe es consecuencia de leyes e instituciones que han permitido que esta situación avance... el problema es que desde esta institución (CPC) se han elegido autoridades subordinadas al Gobierno y eso no tiene que volver a pasar”, indica.A través de este proceso también se podrían suprimir normativas que estarían afectando la generación de empleo, asegura Pita: “Interesante sería plantear la eliminación de la Ley de Plusvalía, que ha afectado a varios sectores”.Troi Alvarado, expresidente de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (Sayce), sostiene que las “dudas” o exigencias que tengan los gremios artísticos pueden ser canalizadas por otros mecanismos que no son necesariamente una consulta popular. “Si existiera alguna incomodidad en leyes como la de Cultura o, en especial, en la parte de afiliaciones a la seguridad social, los artistas debemos tramitarlas a través de las instituciones legales como la Asamblea, es su trabajo, para eso se les paga, es el mecanismo más idóneo”, afirma.Sin embargo, considera que un referéndum debe ser convocado para temas constitucionales y medulares: “En la Constitución de 2008 se establecieron claramente cosas que van a favor de los derechos de los artistas, entonces creo que una consulta popular se realiza cuando hay un descontento del pueblo con ciertos órganos del Gobierno o del Estado, pero eso lo debe decidir la persona más idónea y en este caso es el presidente Lenín Moreno”, dice Alvarado.“Maestros, dirigentes, empresarios, industriales, políticos coinciden en que la consulta popular es el camino para lograr liberar la institucionalidad del Estado que hoy está secuestrada”, indica Luis Alvarado Buenaño, dirigente del pueblo montuvio.“Todos estamos siendo testigos de una actitud lenta, timorata y más bien de defensa a las personas que deben ser investigadas por presunta corrupción”, dice Alvarado respecto a la actuación de la Fiscalía en el caso Odebrecht.De ahí que, según afirma, es el momento oportuno para convocar la consulta. “De no hacerlo sería lamentable porque al pasar el tiempo, esta falta de agilidad y de decisión puede generar confusión en la población y llegar a estados de desconfianza, lo cual sería desastroso para (Lenín) Moreno que necesita del apoyo popular”. Un planteamiento sería un nuevo mecanismo de selección de las autoridades de control para sustituir el actual.Silvia Buendía, miembro de la Comisión Anticorrupción (capítulo Guayas), cree que la consulta popular es la manera más rápida de concretar la reforma constitucional. “Era lo que se debió hacer en el último proceso de reforma (en 2015) y no se dio. Aquella pasó a la fuerza amparándose en una mayoría en la Asamblea, atentando a los derechos humanos de la libre determinación de un pueblo”, indica.Esta activista considera que podría preguntarse si se está de acuerdo con esas reformas “especialmente lo de la reelección indefinida”. Además, sobre volver a establecer la obligación del aporte estatal del 40% para las pensiones jubilares, la Ley de Comunicación, dejar vacante los cargos de las autoridades de control...”, precisa Buendía.Es apremiante, dice, tomar medidas ante la corrupción: “Las autoridades de control no han hecho nada, no es posible que después de año y medio alguien salga libre y no haya restitución del dinero mal habido”.Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, afirma que el mensaje del presidente de la República, Lenín Moreno, sobre dar paso a una reforma constitucional a través de una consulta popular, ha sido vago. “Debemos hacer un ejercicio de mucha sinceridad en el sentido de que quienes presionan por la consulta son los sectores de oposición, aún no hay un ofrecimiento directo”, indica.Y en caso de que se diera, dice, “si se busca una reforma legal respecto del aparataje institucional, tal vez el camino político sea la consulta popular, pero el camino jurídico para una reforma institucional, de acuerdo con la Constitución, requiere de una Asamblea Constituyente”, afirma.Para Espinel, el problema de fondo es el proceso de designación de las autoridades de control que recae en el Consejo de Participación Ciudadana. “El sistema establecido hace que quienes lo integran tengan vínculos cercanos con quienes estén en el Ejecutivo”. (I)

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