Durante 2025, la Contraloría General del Estado emitió 1.341 informes generales tras realizar exámenes a las diferentes instituciones del Estado, de los cuales 309 tienen indicios de responsabilidad penal y fueron remitidos a la Fiscalía General.
Así lo detalló el contralor Mauricio Torres este miércoles, 29 de abril de 2026, en la rendición de cuentas correspondiente al año pasado.
La autoridad precisó que estas acciones de control se realizaron en Gobiernos autónomos descentralizados (GAD); en el sector jurisdiccional; educación; en el Legislativo; en la seguridad social; en entidades financieras públicas; y en los sectores de la salud, electricidad, entre otros.
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“A través de nuestros exámenes, verificamos que los recursos públicos se utilicen con eficiencia, legalidad y en beneficio de la sociedad”, dijo Torres.
En este marco, el contralor ejemplificó que en la provincia del Guayas se realizaron auditorías a las contrataciones de entidades como los hospitales Teodoro Maldonado Carbo, Abel Gilbert Pontón, a la Empresa Pública de Acción Social y Educación de Guayaquil y a los municipios de Yaguachi y Milagro, que dieron como resultados 127 informes, de los cuales 26 tienen indicios de responsabilidad penal.
El contralor también precisó que durante 2025 se ejecutaron 1.169 auditorías a escala nacional, entre informáticas, financieras y forenses, de las cuales se aprobaron 1.032 informes.
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En tanto, sobre los exámenes de control patrimonial de los funcionarios públicos, Mauricio Torres informó que durante el periodo pasado se emitieron 209 informes, de los cuales 79 tienen indicios de responsabilidad penal y 130 son informes generales. Entre los informes con responsabilidad están los correspondientes a los jueces de la Corte Constitucional (CC) Alí Lozada y José Luis Terán.
El contralor general también puntualizó que entre enero y diciembre de 2025 la Contraloría confirmó responsabilidades civiles y administrativas por $ 434 millones. (I)
