La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional requerirá información a la Contraloría General del Estado y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales respecto de las reformas realizadas en relación con el acceso a la información de las declaraciones patrimoniales juradas de los funcionarios públicos.
La resolución fue adoptada este 23 de abril de 2026, luego de que el legislador Isaac Solano, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), planteara un cambio en el orden del día. Tras el debate, el texto recibió el respaldo de nueve asambleístas.
Durante la discusión, los delegados de la bancada Revolución Ciudadana propusieron convocar a comparecer al contralor Mauricio Torres Maldonado; sin embargo, la iniciativa no contó con el apoyo de ADN ni de sus aliados. Desde la presidencia de la mesa se precisó que, una vez analizada la información que remitan ambas autoridades, se determinará si procede o no su convocatoria.
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El proponente de la resolución señaló que en los últimos días se ha visto una polémica respecto del acceso a la información de las declaraciones patrimoniales sobre todo en la página de la Contraloría. Pero que, lamentablemente, hay “grupos que se cogen de estos problemas para generar, ya sea un tipo de desestabilización o confrontación, y también desinformación”.
Dijo que él no tiene ningún problema en que su declaración patrimonial sea visible en el ámbito público, pero también hay que recalcar que transparencia tampoco sea un parámetro de que la información se use de forma indebida, porque si utilizan esa información pueden abrir puertas “ya sea a la extorsión, amenazas e incluso ataques personales”.
Aseguró que la Superintendencia de Protección de Datos Personales ha señalado que este tipo de medidas responden a una serie de recomendaciones técnicas que se garanticen para la protección pública.
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Blasco Luna, asambleísta de la RC, manifestó que no es la primera vez que la Contraloría restringe el acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, pues en el 2021, el excontralor Pablo Celi emitió una medida similar mediante la implementación de obstáculos digitales para acceder a la información de declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos; pero esa acción duró poco por las críticas de la ciudadanía, expuestas a través de los medios de comunicación y redes sociales
Dijo que a partir del 20 de abril de 2026, el contralor Mauricio Torres vuelve a emitir esta medida “dictatorial” que busca obstaculizar el acceso a la información pública de las declaraciones patrimoniales de manera libre y abierta.
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Lo que hizo Torres es modificar el reglamento de un “plumazo”, como lo hizo Pablo Celi, colocando un candado que exige al ciudadano solicitante entregar número de cédula, la fecha de expedición, el correo electrónico, y que acepte un aviso de privacidad.
Lo peor, añadió, es que una vez ingresada la información obligatoria, la Contraloría no emite ningún documento y además la Contraloría bloquea el acceso al desglose de la información sobre los pasivos, los activos, las cuentas de paraísos fiscales de los funcionarios públicos.
Diana Jácome (ADN), presidenta de la mesa legislativa, aclaró que nadie está encubriendo, pero que el artículo 75 de la ley orgánica de la Función Legislativa habla de la facultad de requerir la información o comparecencias de funcionarios públicos, por lo tanto, la comisión está cumpliendo su deber al solicitar información.
Dijo que se pedirá la información a los dos funcionarios y si a después hay necesidad de comparecencia, se dará la bienvenida, y que además las declaraciones patrimoniales son abiertas.
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Indicó que las dos autoridades tienen diez días de plazo para remitir la información y de ser necesaria la comparecencia, se dará en su momento, para que expliquen y den a conocer su decisión. (I)
