Aunque la mañana del miércoles el asambleísta Fausto Cayambe (AP) declaraba que había consenso para no incrementar las penas y a cambio aplicar la prisión preventiva en casos de microtráfico de drogas, ayer la mayoría del bloque oficialista votó a favor del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Prevención de Drogas, en el que se incrementan de uno a tres años de cárcel la pena para el tráfico en la mínima escala; y de tres a cinco el de mediana escala.

El cambio se da después de que el presidente Rafael Correa insistiera en que se deben endurecer las penas para microtráfico, la noche del mismo miércoles, en su conferencia del ELAP 2015.

“Si tenemos penas para microtráfico, que está envenenando a nuestros jóvenes, de seis meses que ni siquiera se puede imponer prisión preventiva y ese microtraficante ni siquiera se presenta al juicio y sigue envenenando a nuestros jóvenes, verán que poniendo una pena mayor de un año con prisión preventiva sí se reduce ese microtráfico”, expresó Correa.

El mandatario pidió que se endurezcan las sanciones para el delito de tráfico y criticó a los ‘analistas’ que han dicho que a mayores penas no se reducen los delitos. “Si eso fuera cierto, entonces eliminemos las penas y verán cómo aumenta el tráfico. Se trata del justo equilibrio”, agregó.

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En la votación, no todo AP votó a favor. A Mauro Andino, que había declarado su desacuerdo con el incremento de penas en el segundo debate, se lo registró en la lista de ausentes y momentos después, por los pasillos, evitó hablar con la prensa: “Sin comentarios”, dijo.

El voto de Virgilio Hernández fue el único en blanco. Diego Vintimilla (AP) se abstuvo, explicó que esa es la decisión del Partido Comunista (PC) al que también pertenece y no es una cuestión de indisciplina.

Al final, el proyecto tuvo 92 votos positivos de AP con ayuda de algunos de Avanza, ARE, ex-AP y MPCNG. Los votos en contra sumaron 16 de ex-SUMA, SP, CREO, Pachakutik y MID; un blanco de AP y 13 abstenciones de Pachakutik-MPD, CREO, 1 Avanza, PSC y otros.

Luego de la votación, María Alejandra Vicuña (AP), integrante de la Comisión de Derecho a la Salud, que ratificó su desacuerdo en el incremento de las penas, señaló que han estado discutiendo ampliamente el tema y también “sin duda ha pesado mucho la posición del presidente, presidente que va a tener en sus manos la nueva institucionalidad y obviamente el criterio del Ejecutivo es fundamental e importante”.

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Gabriel Rivera (AP), quien propuso la idea de establecer prisión preventiva para el microtráfico, señaló ayer que la retiró la tarde del miércoles a través de un oficio porque, según él, podría ser inconstitucional, debido a que establecer una excepción para esta en un delito penado con cárcel de 2 a 6 meses (tráfico en mínima escala) podría caerse en una desigualdad ante la ley.

Luis Fernando Torres (PSC-Cambio), que se abstuvo, expresó que la política pública en materia de control y prevención de drogas ha fracasado y “un grito desesperado” fue aumentar las penas para los microtraficantes, pero en este tipo de casos no necesariamente habrá menos delitos con más penas, diferente para quienes, por ejemplo, violan y matan.

Entre otros temas, el proyecto de ley redefine la institucionalidad en materia de drogas y la pasa directamente bajo la responsabilidad de la Presidencia de la República, implementa regulaciones para la prevención de drogas y define el control de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Nueva institucionalidad

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Comité
La Presidencia de la República integrará un Comité Interinstitucional que formulará, coordinará y articulará políticas públicas relacionadas con el tema de las drogas; también evaluará el cumplimiento de las metas institucionales de la Secretaría Técnica de Drogas, que también se crea en esta ley.

El Comité tendrá delegados de áreas de salud pública, educación, seguridad interna, inclusión social, deporte, justicia y todas las que determine el mandatario (a través del respectivo reglamento a la norma).

Secretaría
La nueva Secretaría Técnica de Drogas estará adscrita a la Presidencia de la República; será una entidad desconcentrada, con autonomía administrativa y financiera.

Tendrá facultad coactiva para cobrar las multas que constan en la norma aprobada.

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El secretario técnico de Drogas será designado por el mandatario; entre los requisitos consta tener nacionalidad ecuatoriana, estar en goce de derechos de ciudadanía y no estar inmerso en casos de inhabilidad o incompatibilidad. (I)

Sin duda ha pesado la posición del presidente, (pues) va a estar en sus manos la nueva institucionalidad y obviamente el criterio del Ejecutivo es importante.Alejandra Vicuña, AP