En septiembre del 2020, la Corte Constitucional (CC) aprobó el pedido de consulta respecto a la prohibición de actividades mineras a gran y mediana escala en cinco zonas de recarga hídrica ubicadas en el cantón Cuenca. En 2021 se realizó el plebiscito y el 80 % de los cuencanos dijo no a la minería.

Luego, el 28 de enero de este año, la CC viabilizó otra consulta para frenar la extracción de metales, esta vez en la Mancomunidad del Chocó Andino (integrada por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto), en Pichincha. Los colectivos recogerán cerca de 200.000 firmas para concretar la realización de la consulta, cuya fecha tentativa es el 5 de febrero de 2023, cuando se realicen las elecciones seccionales.

Si bien los resultados de las consultas no afectarán a los proyectos que se están ejecutando actualmente, estos fallos de la CC esperanzan a los colectivos ambientalistas. Sylvia Bonilla, abogada que ha impulsado la petición de consulta en el Chocó Andino, considera como una victoria la decisión de la Corte, ya que en esta zona prima el turismo, la agricultura y la elaboración de panela.

Lo que buscamos es defender esta producción sustentable frente a una producción minera que no genera empleo y que tampoco genera, en términos económicos, réditos para la población local ni tampoco para la nacional en la misma medida que lo hacen las otras áreas”, dice.

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Inty Arcos, coordinador técnico de la Mancomunidad del Chocó Andino, afirma que la actual pandemia ha demostrado que se deben conservar a perpetuidad estos espacios biodiversos para las futuras generaciones. “En esta zona muchas familias viven del aviturismo (observación de aves). Imagínese tener explosiones de dinamita, tractores en donde se ven aves. La aves son una de las especies más sensibles a estos cambios. Permitir que se desarrolle la minería sería terrible no solo para los ecosistemas, sino para las economías locales”, indica.

‘Guardianes del bosque’ protegen especies y ayudan a la ciencia a conservar parte del Chocó Andino en Ecuador

Sin embargo, estas decisiones de la CC inquietan a los inversionistas, quienes afirman que con un entorno desfavorable las inversiones que se prevén en este sector están en riesgo. Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad Empresarial de Lundin Gold, compañía que maneja el proyecto minero Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe, indica que, si bien respetan los fallos de la CC, no entienden la “lógica” de la Corte.

La Constitución del Ecuador deja muy claro que los recursos naturales son competencia del Estado nacional. Si el Ecuador quiere tomar una decisión sobre minería, es una cuestión de todo el país. No es la competencia legal de una comunidad tomar una decisión en nombre de todos los ecuatorianos”, indica. Además, para el Ejecutivo, este tipo de decisiones puede crear “grandes desafíos” en el futuro para la industria: “Son precedentes complejos para el desarrollo de nuevos proyectos”.

El proyecto minero Fruta del Norte casi duplicó su producción de oro en 2021. Cortesía Fruta del Norte.

Estas preocupaciones también se reflejan en el reciente estudio “Impacto económico del sector minero entre 2022 y 2052″, de la Cámara de la Minería de Ecuador (CME). Según el documento, en las próximas tres décadas, las exportaciones mineras del país sumarían $ 176.395 millones y las inversiones ascenderían a $ 21.398 millones, siempre que no haya “oposición” a la industria. A partir del 2025 y hasta el 2052 se crearían 500.000 empleos entre directos e indirectos.

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En cambio, si el escenario a futuro se vuelve complejo, según CME, las inversiones solo alcanzarían los $ 3.900 millones, las exportaciones llegarían a $ 35.710 millones y no se generarían nuevos empleos.

Fruta del Norte casi duplicó su producción de oro en 2021, 428.514 onzas del metal fueron extraídas de la mina ubicada en Zamora Chinchipe

Los jueces continúan razonando con base en la falsa dicotomía de que se tiene que escoger entre la minería y la conservación del ambiente, cuando ejemplos en el país y en el mundo demuestran que con prácticas responsables, normas y controles se puede llevar a cabo una actividad minera que preserve el patrimonio natural”, dice la CME con relación a la consulta en el Chocó.

No obstante, Bonilla cuestiona la calidad de empleos que genera esta industria, ya que son “temporales”, mientras que el turismo o la agricultura generan empleos “de forma permanente”. Según la jurista, el petróleo ya demostró que las actividades extractivas no cambian las realidades de las comunidades, y por eso es “un cuento que la minería va a sacarnos de la pobreza”. (I)