En Napo la superficie donde se registra minería aumentó en 210 veces en 24 años. Periodo entre 2016 y 2020 fue donde tomó impulso, revela estudio

En febrero de este año los ecuatorianos observamos horrorizados el brutal impacto de la minería en la localidad de Yutzupino, en la provincia de Napo. Lo que antes eran bosques amazónicos se convirtió en cerca de 240 piscinas que utilizaron los mineros ilegales para lavar material pétreo en busca de oro. Sin embargo, esta no es la única zona de esta provincia que se ha visto afectada por esta actividad extractiva.

Un estudio de Monitoring of the Andean Amazon Proyect (MAAP), publicado el pasado 3 de agosto, detalla que la dinámica de las áreas dedicadas a actividad minera en Napo muestra un incremento considerable entre 1996 y 2020. En 1996 se detectaron 2.6 hectáreas dedicadas a la minería, mientras que en el año 2020 la superficie alcanzó 556.8 ha, un aumento de casi 210 veces en 24 años.

Ambición por el oro contaminó el agua de Yutzupino, en Napo, con mercurio, diésel y gasolina, según colectivos

“Las consecuencias (de la minería) incluyen apertura de vías de acceso, deforestación, y contaminación en los ecosistemas acuáticos que afectan a la población local, incluso comunidades indígenas. Estas actividades mineras en muchos de los casos son de tipo artesanal y semi-mecanizada con impacto elevado al no contemplar medidas de control y no cumplir con las regulaciones ni contar con supervisión gubernamental”, afirma la investigación.

En Napo el 19.6% de su superficie está cubierta por territorios indígenas, en su mayoría de nacionalidad kichwa, mientras que áreas naturales protegidas cubren el 53.7%. Existen 288 concesiones mineras que ocupan el 3.14% de la superficie de la provincia. La mayor parte de estas concesiones están dedicadas a la extracción de oro y materiales pétreos y están concentradas mayoritariamente (97%) en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola, según datos de la Agencia de Regulación y Control Minero.

Según MAAP, la acelerada expansión de la actividad minera dentro de esta provincia se realizó principalmente en el periodo 2016-2020, en el que se registró el 72% del total de la superficie minera expandida.

La organización, mediante el uso de imágenes satelitales de alta-resolución, identificó 120 puntos donde se está realizando actualmente la actividad minera. El 10% de los puntos identificados se localizan dentro de áreas naturales protegidas, siendo la más afectada la Reserva Biológica Colonso Chalupas.

Por ejemplo, en los márgenes del río Anzu, ubicado a 2.5 km del poblado Nueva Esperanza, en el cantón Carlos Arosemena Tola, a cinco kilómetros al suroeste del caso Yutzupino, entre marzo de 2017 y marzo de 2022 se identificaron 281 hectáreas afectadas por la actividad minera. En marzo 2017 la superficie afectada fue de 51.3 hectáreas, dicha superficie aumentó en 127 hectáreas hasta mayo 2019. En los siguientes dos años, 2020 y 2021, se registró un aumento adicional de 89.9 hectáreas. Finalmente, entre mayo de 2021 y marzo de 2022, se registraron 12.9 hectáreas adicionales afectadas.

Sylvia Villacís, quien coordino el estudio y que pertenece a la organización Ecociencia, afirma que la actividad minera se ha disparado no solo en Napo sino en toda la Amazonía ecuatoriana y que existe una falta de control del Estado, pero también hay “mafias”.

“Sería interesante analizar que hay detrás de esta actividad. Como Ecociencia nuestro interés es dar estos datos científicos para que se tome algún tipo de acción, estamos alertando de estos crímenes que se están dando. Por ejemplo, en el caso de Yutzupino se desvió una parte del río para extraer el oro y esto supone una afectación al ecosistema acuático, pero más allá de eso hay afectación a las comunidades que están río abajo que dependen de los peces y del agua. También hay afectación al turismo”, afirma.

Con el inicio de la pandemia, asegura Leo Cerda, , kichwa amazónico y vocero del Colectivo Napo Resiste, también llegó la fiebre por el oro en la provincia, ya que se conoció la concesión de 7.125 hectáreas de bosques amazónicos ubicados en las cuencas de los ríos Jatunyaku y Anzu (que luego se transforman en el río Napo, uno de los más grandes en la Amazonía) para impulsar proyectos mineros.

“Esto significa que el problema no solo es el agua contaminada que es bebida por las comunidades, sino que los peces van a contaminarse también y las personas van a comerse esos peces. El mercurio se va acumulando en el cuerpo humano hasta que el individuo enferma o muere por altos índices de este metal”, explica.

Ecociencia también está realizando un análisis en todo el Bosque Protector del Alto Nangaritza, en Zamora Chinchipe, para evidenciar lo que está pasando con actividades extractivas dentro de unidades de conservación. En la zona también se estaría dando minería ilegal.

Además del impacto al ser humano, la utilización de mercurio también está afectando a especies como el delfín rosado que está en peligro de extinción. Un reciente estudio de la Fundación Oceanids afirma que la cantidad de mercurio encontrado en los cuerpos de los cetáceos es alarmante. El metal se impregna en los peces que comen los delfines. (I)