Curiquingue-Gallocantana, en Azuay, es el área protegida (AP) número 67 del Ecuador. Esta zona fue creada el pasado 11 de febrero y busca la conservación de páramos, humedales, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, entre otros. En las cuatro regiones del país hay AP.

Para dar paso a la creación de estas zonas se debe cumplir con varias características. Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) existen cuatro subsistemas: el estatal (actualmente tiene 54 AP que están a cargo del Ministerio del Ambiente), el comunitario (que registra dos AP), el privado (con cuatro AP) y el de Gobiernos autónomos descentralizados (GAD), que tiene siete AP. Cada uno de estos tiene requisitos diferenciados.

Una de las diferencias más notorias es que el presupuesto para conservar las AP estatales está a cargo del Gobierno central; pero las comunitarias, privadas y las de los GAD tienen sus propios presupuestos para aplicar el plan de manejo y gestión del área protegida. Aunque todos se rigen bajo las normas, regulaciones y controles de la autoridad ambiental.

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En el acuerdo ministerial 083 se detallan los parámetros para la declaración de una AP. Uno de los requisitos considerados “indispensables” es la tenencia de la tierra, indica Roberto Pachacama, director de Áreas Protegidas y otras Formas de Conservación. “Esto significa que si yo como propietario privado, comunitario o GAD quiero declarar un área protegida, debo tener saneado el tema de tenencia de tierra, es decir, tener un título de propiedad que esté avalado, tener sostenibilidad financiera y una prefactibilidad...”, dice.

Añade que para la creación de AP estatales no existen muchas propuestas, ya que no hay espacios territoriales que pertenezcan al Estado donde se puedan establecer nuevas áreas protegidas: “La última declarada, en noviembre de 2021, fue la Reserva Marina Puerto Cabuyal-Punta San Clemente; pero, como es mar territorial, solo puede ser administrada por el Estado”.

El presupuesto para la conservación de AP estatales asciende a $ 11′325.540 millones. Las más grandes y complejas reciben más recursos, por ejemplo, las marino-costeras.

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El área protegida Curiquingue-Gallocantana se extiende a lo largo de 1.223,63 hectáreas. Foto: Cortesía

Otras de las figuras de conservación que maneja el Ministerio del Ambiente son las áreas de protección hídrica (APH), que son zonas delimitadas donde hay fuentes de agua que se consideran como de “interés público”. La Ley de Recursos Hídricos dice que para ser declaradas protegidas estas fuentes de agua también deben abastecer el consumo humano o garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. En el país existen 15 APH (61.895 hectáreas).

Para la declaratoria se necesita una solicitud, que puede ser presentada por cualquier persona, comunidad o de oficio, acompañada de una delimitación técnica y tener el enfoque de protección de cuencas hidrográficas, explica Evelyn Minda, subsecretaria de Recursos Hídricos.

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En los estudios que se realizan está la identificación de los usuarios del agua y el aprovechamiento del líquido. Luego se realizan procesos de socialización con todos los que se beneficiarán de la protección hídrica; en la mayoría de los casos son GAD, comunidades o juntas de agua”, afirma.

La conservación de estas áreas, según la funcionaria, está ligada a un proceso de corresponsabilidad, es decir, que compete a todos los actores implicados en la cuenca hidrográfica que se busca proteger.

En una APH puede estar implicado un GAD, que es el prestador del servicio de agua potable de una ciudad. A través de un plan de manejo se deja estipulado el tema de la corresponsabilidad para el manejo de la APH; la responsabilidad no recae únicamente en el Estado, sino que también en el GAD, la comunidad. Se dejan de realizar actividades que pueden disminuir la cantidad y calidad de agua”, señala.

El complejo lacustre de Mojanda, ubicado en la cordillera oriental de los Andes, es una área de protección hídrica. Foto: CORTESÍA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

No hay un marco específico que determine qué actividades se deben dejar de realizar en estas APH : “Nos encontramos trabajando en un proceso de zonificación que permitirá definir cuáles son las zonas que no podrán ser tocadas; o, en las que ya existen actividades antrópicas (tala, agricultura, ganadería), se deberán establecer criterios para mantenerlas; o en las que requieren una recuperación de ecosistemas”. Esta guía estaría lista este año. El Gobierno espera alcanzar 284.000 hectáreas de protección hídrica hasta 2025. (I)

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