En  la Conferencia de los Océanos que se desarrolló en Lisboa, Portugal, del 27 de junio al 1 de julio de 2022, se anunció la donación de 150 millones de dólares  para el fortalecimiento de las áreas protegidas comprendidas entre las islas Galápagos (Ecuador), del Coco (Costa Rica), Malpelo (Colombia) y Coiba (Panamá). Esto, según el Ministerio del Ambiente Agua  y Transición Ecológica, es un reconocimiento  a las estrategias de conservación implementadas en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR).

La Fundación Bezos, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), el Fondo Verde del Clima (GCF), el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KFW), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y diez donantes privados son las entidades donantes.

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Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, afirma que a nivel regional se ha dado un compromiso con los océanos y la vida marina que ellos albergan: “Estamos comprometidos con la conservación y el desarrollo sostenible, y para ello es fundamental el apoyo internacional. Asegurar la protección de la biodiversidad del Corredor Marino del Pacífico no solo beneficia a los cuatro países involucrados, es importante para todo el planeta”, señala.

En este corredor habitan especies marinas endémicas en peligro de extinción y de gran importancia ecológica, económica y estética, como ballenas (azul y jorobada) y tortugas marinas, así como diversidad de especies de atún, tiburón, mantarraya, peces pico y aves marinas. Además, las islas de esta región albergan algunos de los pocos arrecifes de coral que se encuentran aún bien conservados. Aproximadamente 3.000 millones de dólares se generan en este espacio por procesos productivos relacionados con la pesca, el turismo y el transporte marítimo.

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A parte de la donación a CMAR, la CAF destinará 1.250 millones de dólares en los próximos cinco años para proteger los océanos de América Latina y el Caribe. El anuncio se enmarca en la estrategia de convertirse en el “banco verde”, con la que pretende acelerar la acción climática y posicionar a la región como líder de la lucha contra el calentamiento global.

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Los recursos se usarán para diseñar e implementar proyectos que promuevan la economía azul, con énfasis en la restauración de ambientes marinos y costeros, carbono azul, energía marina renovable, pesca y acuicultura sostenibles, manejo costero integrado, soluciones basadas en la naturaleza, pago por servicios ecosistémicos, ecoturismo y mejoramiento del manejo de áreas marinas protegidas, entre otros.

“Este financiamiento reafirma nuestro compromiso para liderar la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de la economía azul en América Latina y el Caribe. Con estos recursos implementaremos soluciones innovadoras que contribuyan a mitigar los efectos del calentamiento global, potenciaremos la preservación de ecosistemas marinos y contribuiremos a mejorar las condiciones de vida de los millones de latinoamericanos que dependen de los mares”, señala Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

En tanto, esta semana también se presentaron  las iniciativas Conservando Juntos y ECOS de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Wildlife Conservation Society (WCS) en asociación con la Agencia de los Estados Unidos

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para el Desarrollo Internacional (USAID) que buscan la conservación de la cuenca amazónica de Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. La USAID invertirá 28 millones de dólares en los próximos 4 años.

Daniela Pogliani, de WCS, destacó  el rol de la sociedad civil en promover la conservación de la biodiversidad amazónica, defender los derechos de sus pueblos, y prevenir delitos ambientales. “Integrantes de la sociedad civil, todos nosotros, tenemos un papel importante cuando compramos, vendemos, votamos, hacemos voluntariado, o participamos en

eventos sociales y culturales. Está en nosotros hacer la diferencia’, señala.

Conservando Juntos, trabaja en el fortalecimiento de redes de colaboración regional de la sociedad civil que conectan experiencias locales de pueblos indígenas y comunidades locales, empresas privadas, medios de comunicación, redes de periodistas, y otras organizaciones, para conservar la biodiversidad y prevenir los delitos ambientales en la Amazonia de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. (I)