“Con esto nos están obligando a todos a vacunarnos. Y cómo hará mi hijo (14 años) que todavía no se puede vacunar. ¿No se podrá subir a la Metrovía, entonces?, ¿cómo nos vamos a movilizar?, ¿el Municipio me va a venir a pagar el transporte?”, cuestiona Bertha Zambrano, habitante del Guasmo sur.

Esto luego del anuncio de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de que a partir de octubre próximo, y de manera progresiva, se necesitará el carné de vacunación con el esquema completo (dos dosis como las que se ponen actualmente en Ecuador) para ingresar a servicios y espacios públicos como la transportación, centros comerciales y restaurantes.

“El carné de vacunación será su pase de entrada si quieren salir de sus casas. Tienen varios meses para irse a vacunar antes de tomar medidas como las que estamos anunciando”, sostuvo Viteri la mañana de este 14 de julio durante la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil.

Tras el anuncio de la funcionaria, saltaron las reacciones en las calles y en redes sociales. Unas en contra y otras a favor.

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Quienes concuerdan con Viteri aseguran que es necesario tomar este tipo de medidas para proteger la salud de la comunidad, ya que con las variantes que circulan como la delta el riesgo de contagios y de muertes es mayor. Y ven a la vacunación contra el COVID-19 como “la única medida efectiva” al momento para salir de la pandemia.

Pero también están aquellos que cuestionan y exponen una “vulneración de derechos”, más cuando la vacunación es voluntaria.

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“Es una violación a los derechos humanos, a los derechos constitucionales, a la libertad de tránsito, al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, lo que nosotros queremos es decidir sobre nuestras vidas, y eso es un atropello brutal a todos esos derechos”, asegura César Cárdenas, coordinador del Observatorio de Servicios Públicos de Guayaquil.

En los puntos de vacunación municipales en Guayaquil, como el del ITB, se entrega gratis un kit alimenticio a quienes se acercan a inocularse frente al COVID-19. Foto Carlos Barros / El Universo. Foto: El Universo

Con él coinciden otros ciudadanos y líderes barriales.

“La decisión de la señora alcaldesa es una decisión desacertada, mal orientada por los asesores, porque la población y la persona es la que decide si se vacuna o no y no puede ser una imposición”, afirma Guillermo Leones, habitante y dirigente barrial del suroeste de Guayaquil, quien agrega que en sectores de la parroquia Febres Cordero y en otros populares del sur y del noroeste hubo quejas inmediatas ante el anuncio de Viteri, incluso de los que quieren vacunarse.

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“La alcaldesa debe respetar (la decisión de las personas) y ahí hay vulneración de derechos porque no pueden obligar a nadie a vacunarse en contra de su voluntad, y más allá ponerle como referente de que para poder subirse al vehículo de la Metrovía o a otro vehículo o para entrar a instituciones deben presentar el carné. Imagínese todo el mundo haciendo cola para entrar y decir y enseñar: ‘mire, aquí está, aquí está (el carné), eso será una locura”, cuenta Leones.

La alcaldesa debe respetar (la decisión de las personas) y ahí hay vulneración de derechos porque no pueden obligar a nadie a vacunarse en contra de su voluntad, y más allá ponerle como referente de que para poder subirse al vehículo de la Metrovía o a otro vehículo o para entrar a instituciones deben presentar el carné. Imagínese todo el mundo haciendo cola para entrar y decir y enseñar: ‘mire, aquí está, aquí está (el carné), eso será una locura

Otros comentan que esperan que el sistema de salud pública los vacune hasta esa fecha, para cumplir con “el requisito”. (I)