Con un cuchillo, Kevin amedrentó a un mujer para arrebatarle su cartera en los exteriores de una farmacia. Pensó que sería un robo sencillo al verla con sus tres hijos pequeños, pero no fue así. A pesar de los gritos, insultos y forcejeos, ella se aferró a su bolso hasta que dos puñaladas en su abdomen la obligaron a doblegar sus fuerzas.

Ese momento, ocurrido hace un año en un barrio del Guasmo norte (sur), lo revive en sus sueños este joven, de 26 años. “Ese día no sentí culpa, porque llevaba horas sin consumir (drogas), estaba desesperado. Pero ahora sí me siento mal por lo que hice”, lamenta.

A los 12, Kevin empezó a probar diferentes sustancias y escapó de casa para vivir en la calle con sus hermanos, también consumidores. Así permanecieron en la indigencia hasta que fue seducido por una organización criminal con la que cometió varios ilícitos hasta hace un año, cuando decidió dar un giro a su vida. Hoy lleva once meses “limpio”, en un centro de rehabilitación privado.

Casi el 30 % de los privados de libertad en Ecuador están por delitos ligados a la droga

Kevin es uno de los guayaquileños que intenta superar su adicción, en una ciudad contaminada por la oferta de una variedad de estas sustancias en las esquinas, en los barrios y hasta en los colegios. Su efecto destructivo se expande y llega al comerciante ambulante que detiene su actividad para inhalar el polvo de un sorbete, al estudiante que sin reparos consume dentro del bus, y a tantos jóvenes y adultos que se reúnen en parques o pasan adormitados en las veredas, perdidos, esperando despertar para nuevamente drogarse.

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Guayaquil se ha convertido en el foco de esta problemática con el 66 % (24.045) del total de llamadas de emergencia por consumo y tenencia de drogas (36.343), que el ECU911 ha recibido en el país en el 2022.

Mientras el consumo aumenta, la oferta de establecimientos especializados para tratar las adicciones es escasa.

El ofrecimiento de construir cuatro de estos espacios, que hizo la alcaldesa Cynthia Viteri en 2019, antes de asumir su gestión, no se ha cumplido: “Tendremos 4 centros de rehabilitación gratuitos para jóvenes con adicción a las drogas. Estarán ubicados en Chongón, noroeste de Guayaquil, El Salitral y en el Guasmo. Anualmente cada uno atenderá a 600 jóvenes y estarán divididos en atención de mujeres y hombres”.

Este compromiso se descartó por ser ‘responsabilidad del Gobierno’, asegura Julieta Sagñay, directora del programa municipal Por un Futuro Sin Drogas, al citar el artículo 364 de la Constitución, que establece que las adicciones son un problema de salud pública y que al Estado le corresponderá desarrollar programas de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes (...).

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En lugar de centros de rehabilitación, Viteri planteó la construcción de cuatro centros de desintoxicación. Dos de ellos ya funcionan: uno en el hospital Bicentenario con camas para 37 hombres, y el segundo, en Bastión Popular, con capacidad para 30 mujeres.

El Centro Primario de Desintoxicación del Municipio de Guayaquil, ubicado en el sector de Bastión Popular, tiene capacidad para 30 mujeres. Foto: El Universo

El tercero, que no consta en el plan de contratación anual de este año ($ 195 millones), se prevé construir en enero del 2023, en el sector de la Playita del Guasmo, para 40 o 50 varones. El cuarto, en una zona rural, aún no tiene fecha.

En estos espacios de desintoxicación, explica Sagñay, se prepara a los jóvenes por 28 días (en el centro de mujeres) y de 10 a 30 días (en el hospital Bicentenario) para su posterior rehabilitación.

Eliminando la sustancia del cuerpo y del cerebro hace que la persona vuelva a tener voluntad, juicio, capacidad para tomar una decisión y elegir una atención, ya sea ambulatoria o internamiento

Julie Sagñay, directora del programa municipal 'Un Futuro Sin Drogas'

Desde el 2019 el Municipio ha atendido a 17.887 usuarios con adicciones (con más de 164.000 consultas subsecuentes), cifra que ya supera en un 39 % a los 12.855 atendidos por el Ministerio de Salud (MSP) en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) desde el 2017.

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Kathleen Crespo, vocera de salud mental del MSP de la Zona 8, cree que la disminución de casos en sus unidades se debe a que hay usuarios renuentes.

No confían en los servicios que prestan las instituciones, no confían en que realmente van a rehabilitarse, porque algunos han pasado por centros donde han infringido sus derechos humanos

Kathleen Crespo, responsable de salud mental del MSP de la Zona 8.

En cambio, Julieta Sagñay considera que la demanda creciente en los puntos municipales confirma “la ausencia de respuesta (del MSP), que sigue sin dar la medicina correcta, con el ‘dile no a las drogas’ y usando la psicología antes de eliminar la droga del cuerpo”.

Esta enfermedad mental, según coinciden expertos, no tiene cura. “(El consumo de drogas) modifica los circuitos del sistema nervioso y afecta las diferentes áreas de vida del sujeto, psicológica, biológica y social”, explica Diana Murillo, directora de la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias.

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En Cetad del MSP hay actualmente diez usuarios. Su capacidad es para 31. Foto: Francisco Verni -- Francisco Ver

Crespo, del MSP, refiere que el 85 % de los casos se atienden en los centros de primer nivel con terapias (psicológicas individuales, grupales, ocupacionales, entre otras) y el restante 15 % requiere internamiento de seis meses. Los varones son atendidos en dos centros públicos, mientras que las mujeres son derivadas al Instituto de Neurociencias.

A diario llegan 200 nuevos casos a los puntos municipales, y hay una lista de espera de 30 mujeres y 50 de varones en los centros de desintoxicación.

8 de cada 10 pacientes atendidos por adicción a las drogas presentan problemas psiquiátricos, según Julieta Sagñay, experta en tratamiento de adicciones

Estas personas tienen que vivir ‘un día a la vez’, enfrentando el deseo de consumir que suele aparecer a los tres, seis, nueve meses de estar limpio o en algún momento de debilidad. El nivel de recaída en el tratamiento ambulatorio es alto, el 70 % vuelve a consumir, afirma Sagñay, de acuerdo a las pruebas de control.

Es indispensable, coinciden especialistas, la decisión del enfermo, el apoyo familiar y la estabilidad física, espiritual y emocional. Así lo hizo William González, de 48 años, quien lleva 18 sin consumir. Atrás dejó una niñez marcada por abusos y violencia, que lo llevaron a la indigencia, a las drogas y a la delincuencia. Perdonó a sus padres, recuperó a su familia y hoy motiva a jóvenes en las calles y en clínicas: “Yo no puedo cambiar por mi esposa, por mis hijos, si no me amo y no me valoro. No puedo depender de mi familia, porque ellos me pueden fallar y eso me puede llevar a una recaída”. (I)

Tres centros de rehabilitación, de una oferta de más de 100, cuentan con permisos; hay ‘trabas’ que retrasan trámite

En Guayaquil, Durán y Samborondón (Zona 8) hay tres Centros Especializados en Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras drogas (Cetad), de una oferta de más de cien, que cumplen con las certificaciones de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).

Un Cetad del Ministerio de Salud (MSP), el Centro Primario de Desintoxicación del Municipio de Guayaquil y el Instituto de Neurociencias son los que cumplieron con los requisitos.

Otros cinco establecimientos de rehabilitación, según la Acess, están en trámite: uno del MSP (Libertadores) y cuatro privados (Juan Pablo II, Virgen de Fátima, Manantial de Vida y Resaconsa), que tienen al menos uno de los dos documentos habilitantes (licencia y permiso de funcionamiento) para dar este servicio.

En la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias se han rehabilitado a 1.560 usuarios. Foto: Francisco Verni -- Francisco Ver

Directivos de estos centros y de otros con permisos caducados coinciden en que el proceso es largo, entre seis meses y un año, y que se retrasa más con ciertos ‘nudos críticos’ que aparecen al reunir los requisitos que se exigen, como el permiso del Cuerpo de Bomberos y la obtención del certificado municipal de uso de suelo.

Esta última exigencia es “difícil” cumplir, asegura la especialista del Acess Mónica Carrillo: “No les dan el permiso de uso de suelo hasta que nosotros les demos el licenciamiento. Sin embargo, el permiso de uso de suelo es un requisito normativo para que continúen con el proceso”. Es decir, la falta de coordinación de ambas instituciones causa el retraso del trámite.

Para resolver esto, añade Carrillo, tuvieron un acercamiento con el Municipio de Guayaquil en febrero del 2020, pero la pandemia -asegura- interrumpió ese trabajo, que ahora están retomando. Mientras, Franklin Cárdenas, director de acreditación del Acess, considera que este tipo de observaciones se subsanarán con el apoyo de los directores técnicos que tendrán en las provincias para analizar, ajustar y agilizar los procesos.

Municipio de Guayaquil comprará perros que detectan droga para controles en exteriores de planteles educativos

El centro Manantial de Vida, en el suburbio, lleva nueve meses intentando cumplir con los requisitos del Cuerpo de Bomberos, entre ellas, puertas que abran en ambos sentidos. En tanto, la clínica de neurociencias Virgen de Fátima, en el sur, debe corregir otras observaciones. “Nos piden reubicar los extintores del exterior de la capilla al interior”, dice el directivo Andrés Rodríguez, quien asegura que invirtió $ 40.000 en la compra e instalación de una bomba de agua con el sistema de tuberías y mangueras en su edificación, como parte de las exigencias de los Bomberos.

Y mientras estos establecimientos siguen estas disposiciones, en la ciudad proliferan más de un centenar de clínicas clandestinas que promocionan sus tratamientos en redes sociales, captando a padres desesperados que por rescatar a sus hijos o familiares los llevan, incluso, en contra de su voluntad. Algunos, durante el tratamiento, acceden a quedarse, pero otros intentan escapar, sorteando las seguridades o provocando incendios, causando la muerte de sus compañeros. En marzo, siete internos fallecieron carbonizados, encerrados bajo candado en reducidos cuartos, en la Q y la 17, en el suburbio.

En total, 102 centros han sido clausurados por el Acess desde el 2019. A 82 de ellos se les impusieron multas que suman $ 110.310 y que hasta el momento no han cancelado. (I)

$ 3,3 millones para atender consumo

En tres años, seis instituciones públicas han destinado $ 3,3 millones en la atención, detección y prevención del consumo de drogas en Guayaquil, Durán y Samborondón, según una revisión de este Diario a los procesos de contratación. El 84 % ($ 2,8 millones) de estos recursos los dispuso el Municipio de Guayaquil, aunque el cabildo dice que su inversión llega a $ 4,4 millones.

El 9 % de las contrataciones ($ 300.000) fueron del Ministerio de Salud, Coordinación Zonal 8 y un distrito de salud para comprar bases de camas, material didáctico y dispositivos médicos. “(Los costos de atención) son asumidos por el MSP: alimentación, limpieza, seguridad y los medicamentos utilizados para los usuarios”, asegura Kathleen Crespo, vocera del MSP en la Zona 8, sin detallar el monto que destinan para esta población.

Mientras, otras entidades, como la Fiscalía, Policía, Medicina Legal y el Municipio de Samborondón, asignaron el restante 7% ($ 219.000 ) en dispositivos de detección de drogas y personal.

Ecuador e Indonesia firmaron un convenio para combatir al narcotráfico

En prevención, que según los expertos es clave para reducir el consumo, solo consta el contrato municipal de un evento contra las drogas, denominado ‘La paliza del siglo’, que en 2021 se reprodujo en ocho planteles por $ 9.000.

En esta área, el cabildo prevé inaugurar el proyecto ‘Prever’ el próximo 26 de junio, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra las Drogas. Este programa, según la directora municipal Julieta Sagñay, consiste en aplicar pruebas (psicométricas y de genograma) a los estudiantes de varios planteles para identificar a quienes tienen un alto, mediano o bajo factor de riesgo. Y a aquellos que lo requieran, añade, se los captará para tratarlos.

En tanto, el MSP, según Crespo, seguirá atendiendo a los usuarios y coordinando las acciones en el comité interinstitucional que se reúne cada 15 días en la Gobernación del Guayas, como parte del plan nacional de drogas que se retomó el año pasado tras controlar la pandemia. Ahí cada entidad expone sus intervenciones. El Ministerio de Educación, por ejemplo, da talleres sobre esta problemática a su comunidad estudiantil. (I)

Hay nuevas sustancias y mezclas que preocupan

Al consumo de drogas, como marihuana, cocaína, hache, heroína y la mezcla de estas, se suman nuevas sustancias que preocupan a los expertos: la cocaína rosada, la hache anaranjada, medicamentos anestésicos para animales y ‘pepas’.

Este año, a algunos pacientes de Durán se les detectó el uso del ‘cristal colombiano’, un polvo que se calienta en un foco para inhalarlo, comenta Julieta Sagñay, directora del programa municipal Un Futuro Sin Drogas, quien pide al Gobierno el análisis de estas sustancias porque provocan signos graves: alucinaciones, ideas de persecución y crisis convulsivas. Los expertos también advierten que el consumo de drogas es el detonante de patologías mentales, como la esquizofrenia, bipolaridad. (I)