Que el sector que nos ocupa, la restauración, esté en crisis no es nada nuevo. Pocos no lo están. Sin embargo, es innegable que este es uno de los que más ha sido golpeado por la pandemia. El gremio calcula que en los últimos doce meses las ventas perdidas del sector promedian el 50%, llegando los más afectados a casi el 66%. Al menos el 30% de las plazas de trabajo del sector se han perdido y un número similar de restaurantes han quebrado. Los que quedan y luchan por sobrevivir proyectan que la recuperación tomará entre 18 y 24 meses. Es en este marco que los restaurantes, así como muchas otras empresas de diferentes sectores económicos, tendrán que enfrentar sus problemas, con un agravante: no solo gobiernos de países del primer mundo como los de la Unión Europea o Estados Unidos, sino también los de nuestros vecinos como Colombia, Perú, entre otros, han puesto a disposición de las empresas fondos de préstamos blandos, con períodos de gracia y plazos largos para ayudarlos a sobrevivir. En Ecuador, no solamente que este apoyo ha sido nulo, sino que instituciones estatales como el IESS, SRI, entre otras, prácticamente no han dado ninguna facilidad, cobrando -por ejemplo- anticipos de impuestos a la renta a un sector que no tendrá utilidades en mucho tiempo.