El viernes 18 de mayo asistió a Ecuavisa el defensor del Pueblo, Ernesto Pazmiño, para rebatir las cifras expuestas por el asambleísta Andrés Páez, cuatro días antes, respecto a presuntos delincuentes liberados.El 31 de mayo el turno le tocó a la ministra Johana Pesántez, la encargada de dar la visión oficial sobre derechos humanos, justamente un día después que el exvicecanciller Marcelo Fernández de Córdova hablara –en el mismo canal– sobre el tema.En esas comparecencias no falta el representante público que emita las sagradas notas de la doctrina gubernamental según la cual los medios de comunicación, convertidos en los malos de la película, no dicen, no publican y, sobre todo, no predican la versión oficial de las cosas. La escena ocurre a menudo en el set de Ecuavisa y Teleamazonas. Parece el juego del gato y el ratón que solo es develado cuando aparece en pantalla la palabra réplica. Precisamente, amparados en la norma constitucional que establece ese derecho (art. 66, numeral 7), si un personaje emite una opinión contraria al discurso gubernamental en cualquier tema, casi siempre al día siguiente aparece el ministro de Estado o el director de una institución para puntualizar, aclarar o descalificar lo enunciado.El efecto más visible del ejercicio de la réplica no solo es el incremento de servidores públicos expuestos a las cámaras, sino también el intento de borrar del imaginario social el veto que pesaba sobre algunos funcionarios estatales para que no asistan a medios de comunicación independientes. Otro efecto es el cambio de la agenda periodística, porque las estaciones de televisión se ven obligadas a modificar la lista de sus invitados, sea por la exigencia legal o temor a estar involucrados en un proceso judicial. Y los televidentes escuchamos un discurso repetitivo, que muchas veces se inicia el sábado y continúa el resto de la semana, solo que con diferentes rostros.
