Yo no entiendo del mercado absolutamente nada. Me ha sorprendido siempre su perversidad. Tampoco sé de competitividad ni de rendimientos, ni de costo-beneficio, sobre todo en sociedades especulativas y voraces. Soy, tal vez, un ciudadano que guarda temores. Nada más.
Y en función de esos temores me he quedado inquieto con una información sobre los resultados de las primeras reuniones de un grupo de trabajo que está navegando por sobre el resto del gabinete, porque implica tareas muy delicadas. Hablo de la “competitividad”. Y mi inquietud obedece a que, por lo que publica la prensa, el grupo estaría pensando en la competitividad por donde tradicionalmente fue pensada: el proteccionismo estatal entregando prebendas a nombre de incentivos a la producción.
Me dio la impresión de que se sigue buscando la competitividad no en las características y virtudes del país sino en el acceso a concesiones estatales. Viejos vicios.
Es posible que me equivoque y estoy dispuesto a arrepentirme de todo lo dicho, y lo escrito en esta columna. Pero sospecho que para establecer la competitividad hay que robustecer la capacidad interior de lo que, con un término de mal gusto, se llama “el aparato productivo”.
Lo que me inquieta es que los empresarios no cambian. El país no cambia. Es tan irrefrenable y todopoderoso el hábito nuestro de ir adaptando los cambios a nuestros hábitos de siempre. Es así como hasta estas palabrejas propias de la globalización, como “competitividad”, es posible que las estemos convirtiendo en escenarios para retomar concesiones que no responden a un modelo general de desarrollo equitativo del país. Los temas de la educación, del fortalecimiento de un mercado interno, de calidad, parece que no son evocados entre quienes están definiendo políticas de competitividad. Lo que interesa es que el SRI devuelva impuestos, que se devuelvan exenciones para importar, que se borren obligaciones, que se liberalice del todo el mercado laboral. Esto es, la competitividad parece residir fuera de la producción, y no con la producción en sí misma.
Yo no entiendo de estos problemas, pero me inquieta. Me inquieta.
Escucho con frecuencia hablar de seguridad jurídica, pero a partir de qué. ¿Del libre albedrío? ¿O acaso aplicando criterios de partida, sobre la posibilidad de una sociedad justa y previsora del futuro (para no usar esa espantosa palabra “sostenible”)?
Hay que fortalecer el Estado para que un Estado fuerte sea la garantía de la seguridad jurídica y no esté a merced de la veleidad de los gobiernos.
La seguridad jurídica –nuevamente me inquieta– no sería convertir al país en un terreno de nadie. En una sociedad con tan agudos conflictos es difícil pretender que los beneficios acordados por un gobierno a nombre de “seguridad jurídica” no sean desmontados por otro gobierno. Allí donde el escenario político es el escenario de los conflictos sociales irresueltos, del clientelismo y el favoritismo, es difícil pretender que las ventajas alcanzadas en algún momento por un sector se santifiquen como “seguridad jurídica”. Si en el mercado –hasta donde yo entiendo– existen riesgos, estos, evidentemente, serán mucho mayores en sociedades en las que ciertas ventajas se alcanzan al margen de políticas de Estado, si son acuerdos entre un gobierno y un sector empresarial tomados pasajeramente.
