La nueva zonificación de las áreas protegidas de Galápagos fue una medida que tomó, en 2016, el gobierno anterior para mejorar la conservación de los ecosistemas del archipiélago. Este sistema dividió en cuatro grandes zonas al archipiélago: aprovechamiento sustentable, conservación, intangible y transición.
Con esta planificación se desea integrar todos los servicios ambientales de los ecosistemas terrestres y marinos, establecer criterios de manejo comunes para las dos áreas y la gestión del uso sostenible de los diferentes servicios ecosistémicos de las islas.
Se alcanzó la protección del 33% de la reserva marina y un 59% del Parque Nacional Galápagos (PNG), según cifras del Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE). Las islas Darwin y Wolf, que fueron declaradas santuarios marinos ese mismo año, también son parte del sistema de zonificación.
En ciertas zonas de Galápagos está prohibido las actividades extractivas. Foto: Archivo.
En mayo de 2016, el MAE oficializó la normativa para el funcionamiento del Comité Técnico de Seguimiento de la zonificación que se conformó con representantes de la Dirección del PNG, del sector pesquero artesanal, del sector turístico y del Consejo de Gobierno.
Sin embargo, en ese mismo mes, algunas cooperativas de pescadores, como Copes Promar, Copesan y Copropag, afirmaron, a través de un comunicado, no estar de acuerdo con el sistema que se estaba aplicando, ya que, según ellos, se limitaban los espacios en casi el 80% de los sitios tradicionales donde ellos pescan. Pedían que se retomara la zonificación establecida en el 2001.
Es por esta disyuntiva que se iniciaron los procesos de diálogos nuevamente y se decidió, en julio pasado, aplicar un plan adaptativo o revisión de la zonificación que durará un año, dice Jorge Carrión, director del PNG: “El sector pesquero decía que se lo estaba afectando, entonces haremos censos y los números nos dirán si efectivamente la zonificación afecta la economía de este sector”.
El funcionario sostiene que la duda de los pescadores es comprensible, ya que se los deja sin acceso a varios lugares que son semilleros de la biodiversidad del archipiélago, pero que, según experiencias en reservas de otros países, cerrar estos sitios de reproducción garantiza más recursos a futuro.
“De hecho si no se cerraba la reserva marina en 1998 al día de hoy ya no tendríamos recursos en Galápagos”, asegura.
Además, señala que realizarán “monitoreos ecológicos submarinos” y revisarán los sitios que frecuenta el sector pesquero para constatar algún impacto. “Estimamos que a mediados de 2019 tendremos la zonificación definitiva con la participación de los sectores productivos”, afirma.
La división por zonas en el archipiélago permitiría la renovación de los recursos naturales. Infografía: Xavier Lituma
Washington Tapia, miembro de la ONG Galápagos Conservancy, señala que la zonificación es la mayor herramienta de ordenamiento territorial que tiene el archipiélago para conservar sus distintos ecosistemas.
“En el Plan de Manejo de Áreas Protegidas de Galápagos se propuso una zonificación funcional a base de los ecosistemas y no a límites administrativos, por lo que si esta zonificación se realizó con esta premisa contribuirá para la sostenibilidad del archipiélago”, indica.
Para el especialista preservar los ecosistemas de las islas es fundamental, ya que estos no se desarrollan en zonas específicas: “Un ejemplo son los acuíferos que una parte de ellos pueden estar en el área protegida y la otra en zona agrícola, entonces se debe considerar todo, aunque parte del acuífero no esté en zona protegida”.
Carrión y Tapia concuerdan que para el éxito de esta zonificación se requiere de un trabajo coordinado y cooperativo entre todas las instituciones públicas y privadas de las islas, especialmente de las que administran los territorios.
Además, que ayudará a racionalizar los recursos, logrando una armonía entre desarrollo humano y conservación. (I)
