Con 88 votos de los 116 asambleístas que ayer asistieron al pleno del Legislativo se aprobó el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Ecuador no solo es testigo de una pugna de poderes, sino que se convierte en víctima de esta.

Las formas en las que se llega al juicio político y el debate de las legalidades serán juzgados por la historia, que no ha sido generosa al revisar los diez años de inestabilidad que vivió el país desde el derrocamiento de Abdalá Bucaram en 1997 hasta la caída de Lucio Gutiérrez en 2005, cuando su entonces vicepresidente asumió para terminar el mandato, en enero de 2007.

Esto es lo que viene luego de que se dio paso al juicio político contra Guillermo Lasso

La inestabilidad embiste a la democracia y con ello posterga la solución no solo de los más graves problemas en el ámbito público, sino también en el privado.

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La Asamblea Nacional no goza de la mejor reputación frente a los ciudadanos. El presidente Lasso tampoco tiene una buena aceptación. De los dos actores se demandan rectificaciones y conciencia para que el país no caiga en un nuevo periodo de conflictos que lejos de abonar al desarrollo amenazan a la economía con un retroceso cuando apenas se está saliendo de la pandemia de COVID-19, que ya fue lo suficientemente cruel con los ecuatorianos.

Correístas y el Gobierno miden su fuerza en el llamado a juicio político al presidente Guillermo Lasso

Sectores productivos lamentan que esfuerzos de la Asamblea se concentren en juicio político que genera incertidumbre, dejando de lado la prioridad que es la seguridad

Ecuador está frente a un proceso político que entusiasma a la oposición y demanda atención del oficialismo, pero la preocupación de la ciudadanía es cómo se supera la crisis de seguridad que la agobia, cómo los desempleados logran un puesto de trabajo, cómo atiende las necesidades básicas y de salud insatisfechas de la familia. Los expertos en riesgo climático advierten de un posible fenómeno de El Niño que podría afectar la producción agrícola, viviendas e infraestructuras públicas. El crecimiento empresarial está indiscutiblemente vinculado a la estabilidad y seguridad jurídica. Difícilmente se invierte y se crean plazas de empleo en medio de una crisis política.

La Asamblea Nacional y el Ejecutivo deberían trabajar en conjunto por el bien de quienes los eligieron. El país no aguanta más, quiere soluciones, no inestabilidad ni conflictos. (O)