No es usual en el país que las responsabilidades de quienes destruyen propiedades públicas y privadas en el desarrollo de paralizaciones y protestas callejeras lleguen a alguna sanción en el plano judicial, a pesar de los esfuerzos que hagan los perjudicados.
Hasta amnistías se han concedido en la Asamblea Nacional a impulsores de paros y bloqueos que han tomado esas medidas como plataformas para sus campañas políticas y aparecieron poco después en las papeletas.
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Esa historia parece estar cambiando en la provincia de Imbabura, donde está prevista para este viernes la audiencia de formulación de cargos por el delito de paralización de servicios públicos del presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras, Fenocin, por su supuesta responsabilidad en el paro que entre los meses de septiembre y octubre de 2025 se desarrolló de manera violenta en ese sector norte de la Sierra, argumentando un rechazo a medidas económicas tomadas por el actual Gobierno y que hacían relación con la reducción del subsidio al diésel.
El caso judicial en mención ha sufrido algunas dilaciones que han hecho que transcurran más de seis meses desde cuando ocurrieron los hechos. No obstante, es ahora cuando todo parece indicar que habrá un avance real.
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Más allá del castigo específico que pueda darse en esta situación, es importante que el Ecuador haga conciencia de que la protesta violenta, la destrucción de bienes públicos, de bienes privados y el atentar contra la tranquilidad ciudadana, tiene su costo, impuesto por la misma ciudadanía a través del marco legal.
¿Quién ganó y quién perdió en Ecuador en el paro indígena del 2025?
Hay mecanismos, exentos de violencia, que son muy válidos para protestar y hacer conocer un punto de vista diferente, sin tener que llegar a los extremos.
Ya en el pasado reciente vimos incendiar la Contraloría y atacar una serie de edificios públicos, donde incluso se quemaron documentos de alto valor. No puede seguir sucediendo más. (O)