La condena en primera instancia de Germán Cáceres por el femicidio de su esposa, la abogada María Belén Bernal, dentro de la Escuela Superior de Policía de Quito cierra solo un capítulo de la justicia en torno al expolicía, pero hay lecciones por asimilar. La pena de 34 años y 8 meses de cárcel dictada la noche del jueves 25 de mayo pasado quedará ejecutoriada una vez que se cumplan plazos y procedimientos legales.

La mujer fue asesinada el 11 de septiembre de 2022 luego de ingresar al recinto policial fuera de horarios permitidos y sin que se haya registrado su entrada. Tras conocerse la sentencia del confeso femicida, la madre de la abogada Bernal, Elizabeth Otavalo, se dijo conforme con ella, pero recordó que esto no le devuelve a su hija y que “aún no hay justicia plena”.

La señora Otavalo se refería a que otro procesado por supuesta omisión fue declarado inocente.

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El doloroso femicidio de la abogada Bernal deja heridas profundas y lecciones que instituciones como la Policía no pueden permitirse ignorar. Ella desapareció el 11 de septiembre de 2022 y su cuerpo, sin vida, fue encontrado diez días después en el cerro Casitagua.

Las condiciones en que se dio el femicidio lo convirtió en noticia internacional y puso en el centro a la Policía Nacional –por haberse dado en un recinto de capacitación de hombres y mujeres que se preparan para dar seguridad a la ciudadanía– y al mismo Gobierno que en principio incluso anunció la baja de dos generales, no lo ejecutó.

La falta de rigurosidad en los controles de ingreso a las instituciones, la fragilidad en la disciplina e incluso una negligencia en los análisis psicológicos a quienes pretenden usar el uniforme saltaron en el caso. Esto y otras medidas están en manos de las autoridades policiales y gubernamentales para que no se repitan hechos como el de María Belén y no se atente contra el prestigio de una institución por malos elementos que se filtran, más allá de la legítima creación de medallas o reparaciones económicas. (O)