No se puede negar que las redes sociales son protagonistas de la política en Ecuador. El debate presidencial de la segunda vuelta, el pasado 1 de octubre, no tuvo el mismo interés que el de la primera, pero el ruido del posdebate en los medios digitales interesa a los candidatos y seguidores que se esmeran por posicionar una idea: quién lo ganó.

Las estrategias de campaña juegan un rol importante, pero las herramientas de medición permiten en alguna medida conocer cuán confiable puede resultar una tendencia posicionada. Lo negativo es que no todos tienen acceso a estas plataformas que son de pago y aunque los medios de comunicación difunden información tampoco hay interés general en los datos.

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La herramienta Social Alert verificó el uso de bots (programas informáticos que realizan tareas automatizadas y repetitivas en una red) en los posteos sobre los dos candidatos la noche del debate: de Luisa González registró hasta las 22:30 que el 33,5 % de sus publicaciones tuvo origen humano, el 37,7 % correspondió a bots y el 28,8 % serían posibles bots; de Daniel Noboa se reportó 33,1 % de origen humano, 37,3 % fueron bots y 29,6 % posibles bots.

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Independientemente de que la ciudadanía evalúe lo que observa en las redes sociales sería deseable que el Consejo Nacional Electoral (CNE) empiece a tomar nota de las acciones en redes sociales, más allá de que se ha declarado su incompetencia para controlar plataformas digitales, excepto de los medios de comunicación formales.

Los vacíos legales que existan para controlar el contenido y campaña en redes sociales deben revisarse para que a futuro no se mantengan las limitaciones institucionales en las que se justifica desde hace años la inacción, conveniente para algunas tendencias. Los actores políticos y los jueces electorales están obligados a revisar este ‘inconveniente’ y apenas pasen los comicios trabajar sobre el tema o se vuelven cómplices de esta forma de corrupción. No permitan que llegue otra elección en las mismas circunstancias. (O)