La historia nos ha enseñado que la seguridad y la estabilidad, a menudo, tienen un costo. La experiencia de Chile bajo el régimen de Augusto Pinochet nos confronta con la difícil pregunta: ¿cuánta libertad estamos dispuestos a ceder para recuperar el orden?

En 1973, Chile se desangraba. El gobierno socialista de Salvador Allende navegaba en un mar de caos. La inflación se disparó a más del 600 %, el desabastecimiento de alimentos y medicinas era la norma, colas inmensas para obtener alimentos y las calles se habían convertido en un campo de batalla entre grupos de extrema izquierda y derecha. La violencia política y el colapso económico crearon un clima de desesperanza que muchos sintieron que no tenía salida democrática. El golpe de Estado de Pinochet puso fin a ese caos con mano de hierro, restaurando el orden a través de una fuerte represión.

El régimen militar aplicó una terapia de choque que estabilizó la economía, privatizó empresas estatales y abrió el país a los mercados globales, sentando las bases de lo que hoy es la economía más sólida de la región. Sin embargo, eso tuvo un alto precio, miles de personas fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas. La dictadura silenció a la disidencia y borró las libertades fundamentales en nombre de la seguridad nacional. La mano dura de Pinochet acabó con las guerrillas de izquierda tipo Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al igual que Febres-Cordero en nuestro país eliminó a Alfaro Vive Carajo.

Hoy, Ecuador se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes. Las cifras hablan por sí solas: cerramos 2023 con más de 8.000 muertes violentas, y en los primeros siete meses de 2025 ya se han registrado más de 5.200 homicidios. El narco crimen ha penetrado las instituciones, sobre todo la justicia, la economía y hasta la vida cotidiana, obligando a las familias a vivir con el miedo de no saber si regresan vivos a sus casas.

Ante este panorama, el dilema chileno de 1973 se siente más relevante que nunca. La desesperación es palpable, las encuestas muestran que más del 70 % de nuestra población siente que la delincuencia y el narcotráfico son el problema más urgente del país. El presidente ha declarado un “conflicto armado interno”, y el país está de acuerdo en que se necesitan medidas contundentes.

Sabemos que necesitamos un gobierno fuerte, pero nadie sensato aspira a una dictadura militar. La situación actual exige que el Gobierno tenga las herramientas necesarias para enfrentar esta guerra. La verdadera libertad no puede existir en un país donde la gente tiene miedo de caminar por las calles, donde la extorsión es la norma y donde la violencia se ha vuelto cotidiana.

El desafío de Ecuador es encontrar un camino que combine la firmeza para combatir el crimen sin el garantismo que hoy libera criminales de la forma más irresponsable. Ojalá que nuestra democracia permita un sistema de justicia y fuerzas de seguridad bien entrenadas y libres de corrupción.

Solo así, con ley, orden y justicia, podremos recuperar la “isla de paz” que un día fuimos. ¿Cuánta libertad queridos lectores están dispuestos a sacrificar? (O)