Hemos venido discutiendo los beneficios de convertir al Ecuador en un centro financiero internacional. Hoy quiero abordar una de las críticas más comunes a esta idea: “Se promueve el lavado de dinero”.

Si esto fuera cierto, uno esperaría que aquellos países considerados como más expuestos al lavado de dinero coincidiesen con aquellos con mayor integración financiera. Sin embargo, aquellos países con mayor vulnerabilidad al lavado de dinero en el Índice Antilavado de Dinero 2024 del Basil Institute On Governance no son precisamente los centros financieros internacionales que buscamos emular. En el Top 5 encontramos a Myanmar, Haití, República Democrática del Congo, Chad y Venezuela. Es cierto que entre la categoría de países de alto riesgo de lavado de dinero se encuentran Panamá (47) y Hong Kong (76), pero en esta categoría también se encuentra Ecuador (87), sin tener un centro financiero internacional, al igual que el Top 5. De manera que no hay que confundir la vigencia de un régimen legal de antilavado con la eficacia de este.

Asimismo, entre los países con menor exposición al lavado de dinero se encuentran San Marino, Islandia, Finlandia, Estonia y Andorra. De las 5, al menos tres tienen una importante industria de servicios financieros y todas tienen economías de mercado. Podemos tener las leyes más duras contra el lavado e igual dejar pasar elefantes si es que no hay instituciones confiables y los reguladores son capturados por los regulados.

Esto nos lleva a todavía otro problema con la legislación antilavado. Muchas veces es ineficaz para su propósito declarado –socavar u obstaculizar la actividad criminal “siguiendo el dinero”– y muy costosa para el resto de las personas y empresas inocentes que tienen la voluntad de cumplir con la ley. Esto es porque se le imponen a las personas y empresas mayores costos y requisitos de documentación para acceder a los servicios financieros. El Global Findex 2021 del Banco Mundial destaca que todavía un 24 % de adultos alrededor del mundo no poseen una cuenta bancaria. De entre los desbancarizados, 36 % a nivel mundial dijeron que los servicios financieros eran demasiado costosos, esta cifra era casi el doble para América Latina, donde un 60 % expresó esta razón (59 % en Ecuador). El 27 % de los desbancarizados a nivel mundial citaron la documentación requerida como una barrera (28 % en Ecuador).

Un error común en la regulación antilavado es que se busca delegar o tercerizar a los bancos –empresas privadas— una tarea legítima del Estado que es llevar ante la justicia a los criminales, perjudicando así a individuos inocentes, quienes no solo incurren en costos adicionales o son totalmente excluidos del sistema formal de servicios financieros, sino que ven coartado su derecho a la privacidad y a la protección en contra de vigilancia estatal sin el debido proceso.

Por ende, la próxima vez que escuche alguien temer que Ecuador se convierta en un centro internacional de lavado de dinero si es que nos abrimos a la banca internacional, recuérdele que (1) ya estamos en la categoría de mayor riesgo para el lavado, (2) el modelo de represión financiera que tenemos no lo ha impedido, y (3) tampoco es culpa de la dolarización porque el Top 5 en riesgo de lavado de dinero no lo están. (O)