Ayer, el presidente Noboa anunció que convocará a una consulta popular/referendo para que los ecuatorianos nos pronunciemos sobre siete preguntas:
La primera, sobre eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el territorio nacional, tema que ha sido materia de permanentes debates desde que Rafael Correa introdujo dicha prohibición en 2008. Esta pregunta, considerando el momento crítico que vivimos en materia de seguridad, no tengo la menor duda de que recibirá un sí rotundo.
La segunda, sobre eliminar la obligación del Estado de asignar recursos a las organizaciones políticas. En esto no tengo la menor duda de un resultado positivo abrumador. Pero si el CNE ya no va a asignar fondos a los partidos políticos para la campaña electoral, debería eliminarse la prohibición (también constitucional) de que los partidos y candidatos puedan contratar directamente su publicidad con medios.
La tercera, sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En esta columna lo hemos reclamado en los últimos quince años, pues, desde su origen, lejos de ser una institución para democratizar y transparentar la elección de las autoridades de control, fue creada para asegurarle al entonces dueño del país el control total de ellas, y desde 2017 se ha convertido en botín político. No tengo la menor duda de un sí rotundo.
La cuarta, que busca reducir el número de asambleístas, también tendrá un estruendoso sí, por la impopularidad de la Asamblea Nacional y sus integrantes. Ojalá el presidente aproveche la oportunidad para agregar requisitos académicos y de experiencia para quienes aspiren a formar parte del primer poder del Estado.
La quinta, encaminada a permitir la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, es una buena iniciativa, que bien podría haber sido abierta a los demás sectores de la economía. Esta pregunta será peleada por la izquierda y el sindicalismo. Ojalá la fuerza del sí en las demás preguntas arrastre a esta también. Un sí rotundo.
En cuanto a la sexta, que los jueces de la Corte Constitucional (CC) sean sujetos de juicio político, ya nos hemos manifestado a favor en varias columnas. No puede existir en un país como este una institución que no esté sujeta a control. Y, lamentablemente, los excesos y desaguisados de los últimos años han convertido a la CC en actora del debate político nacional. Ello, sin mencionar algunas barbaridades jurídicas que han salido de esa institución, por debajo del radar.
La séptima busca restablecer la operación de casinos en el país, corrigiendo de esta manera el atropello cometido por el gobierno de Correa, que ahuyentó inversión extranjera formal y miles de puestos de trabajo. Conceptualmente, estoy de acuerdo.
Es muy importante que revisen bien el esquema impositivo, pues, de no hacerlo conforme a los estándares internacionales, podría no alcanzarse el objetivo deseado de atraer inversión extranjera y generar puestos de trabajo en este sector de la economía.
En resumen: sí en las siete. Eso sí, afinen bien la pluma en el texto final y los anexos, que por allí suele colarse el diablo. (O)