Sobre este tema podría haber una serie de artículos. Un día el actual Consejo de la Judicatura impuso jueces nacionales, y reconozco que entre ellos hay buenos catedráticos y mejores juristas, a quienes respeto. Temas administrativos, ajenos a su control, dejaron en duda la forma en que se manejó el proceso de selección. Esto motivó a que a finales del año pasado el equipo de la –entonces– Dirección General del Consejo de la Judicatura solicite al contralor general del Estado examen especial por lo actuado por esta institución, que incluía el “reglado” proceso de selección de jueces nacionales, observaciones que habían sido oportunamente realizadas por áreas técnicas y que no fueron consideradas. A nuestra llegada en agosto de 2021 se pretendió completar la designación de los jueces faltantes. Manifestamos que no podíamos apoyar el reglamento del nuevo concurso. Nos opusimos porque era una copia del reglamento con que se eligió, por ejemplo, al presidente Saquicela y a algunos de los actuales jueces nacionales. Con la única intención de buscar mejoras en el proceso, solicitamos unos días para realizar un diagnóstico a lo actuado, que tenía la finalidad de no volver a cometer los errores pasados, que a todas luces habían desprestigiado el concurso anterior y que fue duramente criticado por la sociedad civil, deslegitimando a muchos. Inicialmente no propusimos una auditoría, sino trabajar en sinergia y revisar internamente para mejorar. El pleno escuchó nuestra postura. Su respuesta: Aprobar el mismo reglamento.

Un día, el elegido presidente de la CNJ, quien en aquella época vivía acumulando millas dando elocuentes discursos con toga, mazo en mano y casi todo el pleno de jueces y conjueces, carro para cada uno de ellos con chofer que los enviaban con sus asistentes en avanzada antes de su llegada, con los gastos logísticos que ello implica, hospedaje, viático y operativo no diferente al que incurre un candidato en campaña política, pero más costoso según mis cálculos, emite una comunicación de fecha jueves 23 de septiembre de 2021, cuyo titular efectivamente resalta el mayor desiderátum del abogado ecuatoriano: “agilizar el despacho de causas”.

Lo anterior mereció atención del entonces representante legal de la Función Judicial y director general del Consejo de la Judicatura (y su equipo de trabajo), quien en la Corte Provincial del Guayas y en otras instancias transmitió a los vocales del pleno del CJ lo que ahora comparto con la ciudadanía y que en su debido momento también compartí con el equipo asesor del actual presidente –suspendido– de la CNJ y con él mismo.

La existencia del Consejo de la Judicatura está determinada en norma expresa. Podemos tener diferencias en su mal funcionamiento y hasta en su integración, pero no en su existencia. Zapatero a su zapato, el juez debe dedicarse a su despacho. El pleno del Consejo de la Judicatura, su director general, sus directores nacionales y directores provinciales deben actuar en el marco de sus competencias. Para el caso de la Corte Nacional de Justicia, no cabe duda de que su misión principal es despachar causas judiciales, esa es la razón de su existencia.

Lamento que la Escuela de la Función Judicial haya perdido el protagonismo que debió caracterizarla. Considero que debilitarla fue parte de una estrategia para darle mayor protagonismo a la CNJ; pero siempre es momento de retomar el control e impulsar las gestiones que la lleven a tener el sitial que se anheló para una justicia sin nombres, y que, efectivamente, desde la objetividad y conocimiento, luche por el Derecho.

En el marco de esa lucha, es imprescindible fortalecer la Escuela de la Función Judicial, que rescate la parte cualitativa y no cuantitativa, sin desmerecer esta última. Esto evitaría que, por ejemplo, la CNJ se dedique a abanderar proyectos como el de “La Academia en la Corte”, proyecto que probablemente recibiría apoyo ciudadano cuando la misma CNJ haya garantizado el justo reclamo de su propio comunicado, esto es, “el despacho de causas”, pero siempre de la mano de la Escuela de la Función Judicial, nunca sin ella. Aprovecho para hacer un llamado a la Dirección Nacional de Gestión Procesal del CJ para que actualice y publique un informe del tiempo de causas represadas, que evidenciaría que algunas llevan hasta diez años sin atender y que no se hace nada por ellas; siendo la CNJ la que emitió los precedentes jurisprudenciales de los artículos 26 y 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, aún no inadmiten esas causas, y tampoco emiten resolución de no casar, aumentando así la carga procesal de manera contradictoria a sus propios precedentes jurisprudenciales.

En ese estado, el equipo de la Dirección General del Consejo de la Judicatura podía responder por el futuro y no por el pasado. En esa línea, requerimos de las direcciones nacionales de planta central del CJ las justificaciones respectivas sobre el avance de los proyectos emblemáticos, como lo es el de la designación de jueces nacionales. Al respecto, cabe decir que, con anterioridad al comunicado al que me he referido del presidente -actualmente- sin funciones de la CNJ, el miércoles 22 de septiembre de 2021, la Dirección General del CJ a mi cargo, con la finalidad de transparentar al pleno el avance de ejecución real de los proyectos emblemáticos y con esta información planificar, hacer un verdadero seguimiento y tomar decisiones motivadas, generó el Memorando n.º CJ-DG-2021-8700-M, con el que se dispuso MEJORAS A LA METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS. La ciudadanía debe saber que se asignaban porcentajes de avances irreales, haciendo parecer que los proyectos estaban cerca de culminar cuando no era así. Por ello, con la aplicación de la nueva metodología, los porcentajes de avance cayeron drásticamente. La transparencia de esos datos, entre otros, tampoco les gustó a muchos. Esto también quedó documentado y/o en sesión grabada.

Regresando al lógico discurso del “despacho de causas” del señor presidente de la CNJ del Ecuador, se dispuso la aplicación de controles previos y concurrentes a viáticos, subsistencias y movilizaciones, que limite viajes, pasajes, traslados, etc., con la intención de concentrarnos en la mejora de indicadores de gestión del sector justicia y, entre ellos, llevar a cabo el concurso de jueces titulares, entre otros proyectos emblemáticos. Se prohibió que de los recursos del CJ se sigan pagando los llamados TAG de acceso por proximidad, stickers que se habían pegado en los parabrisas de vehículos de ciertos jueces nacionales, para que paguen de su bolsillo el peaje por vivir en Cumbayá. Alegaban esa necesidad para poder llegar a sus despachos de trabajo. Atendiendo a las políticas de restricción y austeridad del gasto público, ese equipo de la Dirección General del CJ limitó gastos solicitados con puño y firma del presidente de la Corte Nacional de Justicia, hoy suspendido. Otra diferencia fue la forma sin control en que el actual pleno privilegiaba la contratación de personal administrativo en vez de fortalecer el jurisdiccional, y mayor diferencia hubo con el número de funcionarios contratados para cubrir únicamente la imagen del presidente de la CNJ y de ciertos vocales del CJ, entre tantas otras contrataciones a las que nos opusimos, por lo que se corrió traslado del particular al auditor interno del CJ como al propio contralor general del Estado. De allí es que no sorprenden las noticias de los últimos días sobre los aportantes, depositantes o inversionistas en el negocio del difunto notario Cabrera. Es surrealista pensar que un representante de la Función Judicial ponga en tela de duda sus propias actuaciones o convicciones.

A propósito de indicadores de gestión, seguro estamos de que hay despachos judiciales que efectivamente practican lo que predican y, por ello, siempre defenderemos a los judiciales y no debemos aceptar que se generalice negativamente sobre el sistema de justicia, ni contra sus funcionarios. La generalización siempre es un error y, por ello, sin perjuicio de las evaluaciones que deberán realizarse oportunamente por el CJ (lo que pretendía mi equipo de trabajo), entendemos la necesidad de la ciudadanía de identificar los despachos que no cumplen con estándares óptimos y desvirtúan su razón de ser, por encontrarse en actividades que, si bien intentan un mejor servicio o acceso de justicia, desnaturalizan su misión; identificación que hay que hacer con fundamento, recordando que un juez debe pronunciarse con base en lo que existe en el expediente y no en lo que se dice en redes sociales. Otro tema y muy distinto es la lamentable situación en la que laboran muchos judiciales, lo que debe mejorar, por ello, nosotros impulsábamos, entre una de tantas opciones, la declaratoria de emergencia del sector o sistema de justicia.

Ya que en el equipo de trabajo de aquella Dirección General nadie aspiraba a político, se intentaba manejar una Dirección General de bajo perfil, no mediática. Preferíamos que hablaran los resultados. El servidor público debe ser una persona orientada principalmente por el deseo de atender las necesidades de la ciudadanía, poniendo a disposición de la nación sus capacidades, con el fin de contribuir al desarrollo de esta y anteponiendo los máximos fines del Estado a cualquier propósito o interés particular. Todos debemos retarnos cada día por estar a la altura de este concepto y espero que muchos compartamos el mismo pensamiento.

Además de la lucha por el derecho, todos debemos tener claro que el ego es el enemigo y que el rey sol quedó para las páginas de libros de nuestros antepasados, que algunos quieren reescribir, imponiéndose hasta en universidades que algún día obtuvieron la categoría A, para que, de forma inverosímil, sea la Corte Nacional la que capacite a la academia, a sus decanos de Derecho y sus docentes, tema al que también me opuse entre los meses de enero y febrero del presente año cuando ejercía como procurador síndico de una institución de educación superior; pero, finalmente, no se acogió mi observación y la universidad se sometió a esa agenda.

En la actual lucha entre compadres, me refiero entre I. Saquicela y F. Murillo, espero que todos dejemos bandos y que llegue el día en que nuestras autoridades, del sector que sean, dejen de creer que el sol gira alrededor de ellos. Si bien la Corte Real podrá haber desaparecido, lamentablemente las cortes y los cortesanos todavía existen, por el simple hecho de que sigue existiendo el poder.

Los actores del sistema de justicia actuando en sinergia deben garantizar la erradicación de esas posturas en consecución de los objetivos nacionales, exigiéndoles a todos que desempeñen el rol que les corresponde, sin aplausos, ni alfombras rojas. Todos deberían coincidir en algo: menos discursos, al menos algo de verdadera planificación y mucha ejecución. Cero figuretis o campañas con recursos públicos. Basta de eso.

Concluyo con lo que he dicho en otro artículo. Se dice que el respeto y admiración es algo que se conquista con esfuerzo y sacrificio. Un ser humano de bien, cualquiera sea su profesión, arte u oficio, debe tener una imagen impoluta y estar por encima de toda sospecha, lección que justa o injustamente nos dejó a todos la antigua Roma: ¡ser y parecer! Cualquiera que no parezca debe dar un paso al costado. Están cordialmente invitados. (O)