Las personas y los grupos siempre pueden desarrollar puntos de vista diferentes respecto a una u otra situación. Es normal. Las formas de resolver esas desavenencias son diversas, siendo la jurídica la que tiene el carácter de obligatoria para las partes. La resistencia a la injusticia y al atropello es una posibilidad legítima, porque la gestión de la cosa pública implica el reconocimiento de la voluntad y las razones de la gente. Quienes ejercen el mandato del pueblo soberano están compelidos a escuchar y procesar los justos reclamos ciudadanos. Si no lo hacen, se ubican en el error y eso no puede ni debe ser tolerado por la ciudadanía que, al fin y al cabo, es la que detenta el poder en los sistemas democráticos.
En el caso de la explotación minera en el páramo Quimsacocha, no existe diálogo. Sí existe la decisión del Gobierno de continuar con el proyecto de extracción minera. Existe también un proceso sostenido y creciente de resistencia ciudadana. Las razones de la sociedad involucrada son cada vez más categóricas porque están sustentadas en el análisis objetivo de todos los ámbitos que se relacionan con esa malhadada iniciativa: técnicos, jurídicos, medioambientales, sociológicos, económicos e históricos; y, permiten exigir la revocatoria de la concesión otorgada por el Gobierno a la empresa minera.
Las voces de la oposición provienen del amplio espectro social. Sin embargo, sus argumentos no son refutados por el Gobierno, pues al parecer, no los escucha. O, si lo hace, los ignora, ejecutando acciones orientadas a continuar con el proceso que llegaría a la explotación minera a gran escala, posibilidad que no es tolerada por los cuencanos y no lo será, porque ninguno de sus argumentos para oponerse a ella han sido contradichos formalmente.
En este estado de cosas, en el que el Gobierno se mantiene en su decisión y la resistencia ciudadana exige la revocatoria de la concesión –sin que esta postura sea transigible– el mejor camino para llegar a ella, el que le conviene a todos los ecuatorianos, es el diálogo, porque es la ocasión de debatir ampliamente sobre la extracción minera en el país. Quimsacocha ya es un hito en la historia nacional y no es el fin de nada, sino que debería ser el comienzo de un permanente diálogo nacional sobre economía, producción, ambiente y sostenibilidad.
Si se persiste en el empeño de explotar en el páramo, fuente de generación hídrica, el Azuay será escenario de confrontaciones violentas, porque la ciudadanía siente que defiende su vida, la de sus hijos y la de las futuras generaciones. Por supuesto, que no solamente tiene derecho a hacerlo, sino que está obligada éticamente a ello.
Es indispensable que conozcamos los argumentos del Gobierno, porque hasta ahora solamente ha emitido afirmaciones unilaterales. El informe de Etapa que contradice al de la compañía minera que avaló el Gobierno y con base en el cual concedió la licencia ambiental, nunca ha sido objetado por el Ejecutivo, más allá de las desafortunadas declaraciones de la ministra que campante espetó que esa empresa miente, sin decir cuáles son las falsedades en las que incurre.
Revocatoria de la concesión y diálogo. Cuanto antes mejor. (O)
