La eliminación parcial del subsidio al diésel no es solo un imperativo económico, sino también una obligación moral, en una sociedad que ha pecado colectivamente, manteniendo desde su creación en 1974 un sistema de subsidios a los combustibles que ha sido nefasto para el Ecuador.
A dólares de hoy, el subsidio a los combustibles desde que este se inició ha entregado a los ciudadanos medios y altos en la escala económica, a empresas, a contrabandistas y narcotraficantes la impresionante cifra de más de 80 mil millones de dólares. Es decir, toda la deuda pública del Ecuador, aquella con el FMI, el Banco Mundial, el BID, la CAF, la de los tenedores de bonos de la deuda externa, así como la de los tenedores de bonos de la deuda interna, toda esa deuda ha ido a subsidiar combustibles.
Tal gigantesca cantidad de dinero no ha ido definitivamente a los pobres, pues de haber ido a ellos no habría la pobreza que hay. Ha servido, por lo tanto, para empeorar la distribución del ingreso en el Ecuador.
El desarrollo como doctrina de seguridad
Uno puede perfectamente decir que el Ecuador como sociedad ha preferido que los contrabandistas se hagan ricos, antes que atender la educación y la salud de los pobres, que los ricos manejen sus vehículos subsidiados, antes que los pobres tengan vivienda, que los ciudadanos más privilegiados tengan más privilegios, mientras no hay medicinas en los hospitales. Y esto no es responsabilidad de un solo gobierno, sino de toda una sociedad.
Y lo más triste, es que se ha dejado deteriorar tanto a nuestra economía, que los 1.100 millones de ahorro por año, si se comparan con los 5.000 millones de atrasos del presupuesto, parecen una pequeña cantidad.
Los próximos días permitirán que el Ecuador conozca quiénes quieren que el país siga manteniendo estructuras infames de subsidios, quiénes quieren seguir privilegiando a los contrabandistas y a los mineros ilegales y a los narcotraficantes, y quiénes desean que las cosas cambien.
Luchar por mantener esos subsidios, que tanto daño nos han hecho, salir a paralizar el país, a tratar de destruirlo, es sinónimo de odio al Ecuador, de búsqueda de un estado perpetuo de pobreza de los más pobres, y de apoyo a que se sigan beneficiando los sectores más privilegiados.
Los hechos del pasado en los cuales se destruyó Quito, y se paralizó al país, son producidos por quienes están en contubernio con los sectores que se benefician de estos subsidios, y no son defensores del pueblo como pretenden hacernos creer. Los que luchan para que las cosas nunca cambien y buscan soluciones irreales enmarcadas en el odio de clases y las recetas utópicas, no merecen ser escuchados más en el Ecuador.
Si la sociedad ecuatoriana no mantiene esta valiente decisión, necesaria, no solo en lo económico sino en lo ético y lo moral, demostrará al mundo que rechaza ser una sociedad viable, con una mínima esperanza de abrir una nueva ventana hacia el futuro.
De nosotros dependerá sostener este primer paso, pues todavía quedan muchos, muy graves y muy profundos problemas estructurales que el Ecuador debe resolver si quiere tener la posibilidad de avanzar. (O)
