La renuncia de la Dra. Diana Salazar al cargo de fiscal general es un golpe duro para la lucha contra la corrupción y la impunidad. A pesar de su trabajo riguroso y eficiente durante seis años, los resultados parecen ser insuficientes en comparación con la magnitud del problema, sin desconocer que ella gestionó su cargo en medio de amenazas de juicio político y a su integridad, además de las fallas de seguridad que facilitaron la filtración de información y la evasión de implicados en graves delitos.
La corrupción y la criminalidad son de tal nivel de complejidad y profundidad que requieren una respuesta más creativa, contundente y efectiva. La narcoeconomía, la minería ilegal, sicariatos y extorsiones afectan y afectarán la estabilidad y la seguridad del país mientras continúen. La penetración de las organizaciones criminales en instituciones estatales y en la economía es un claro indicio de la situación. Por ejemplo, un expresidente del Consejo de la Judicatura preso y un vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social huido a Colombia. Otro ejemplo: 321 kilos de cocaína sustraídos de los contenedores de la Policía en Guayaquil, que volvieron a la calle.
Los expresidentes Moreno y Lasso pudieron solicitar una comisión internacional como la CICIG de Guatemala, apoyada por la ONU, con suficientes recursos financieros, humanos y tecnológicos de inteligencia e investigación para combatir la corrupción y la impunidad. Su incumplimiento ha sido un obstáculo para abordar apropiadamente y erradicar estos problemas, lo que habría facilitado que las mafias se apoderen de importantes zonas del territorio nacional y de instituciones del Estado. Lamentablemente, hemos perdido mucho tiempo en pedir esa imprescindible comisión. Desde el 2015, hemos venido recomendando en esta columna el modelo CICIG como uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado, mecanismo avalado con elogios de Naciones Unidas y la Unión Europea y el apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos.
Es que la CICIG durante un periodo de seis años logró investigar 120 casos y procesar a más de 1.500 personas, obteniendo más de 400 condenas, incluyendo a altos funcionarios del Estado. También contribuyó a la reducción de la tasa de homicidios.
Si la Dra. Salazar hubiera tenido el apoyo de una CICIE, muy probablemente habría acumulado más éxitos en su lucha. Además, una comisión internacional de este tipo podría haber ayudado a reconstruir el Estado de derecho y enviar un mensaje claro de cero impunidades.
La renuncia de la fiscal general debe invitar a reflexionar cómo se llena el vacío que deja, para continuar en mejores condiciones el combate a los grupos armados de delincuencia organizada y recuperar el Estado. La crítica situación requiere una acción innovadora, decidida y efectiva para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar el futuro del país. La instalación de una comisión internacional en Ecuador –como la CICIG– es la opción para abordar estos problemas y restaurar la paz y el Estado de derecho. Que no se pierda más tiempo. (O)
