Con tantos problemas que se han presentado este año en el país, no se ha prestado mayor atención a quizás a uno de los mayores problemas que está afectando a su economía y que tiende a empeorarse. Se trata de la drástica caída del precio internacional del petróleo que se debe principalmente a dos razones: la decisión de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y en especial de Arabia Saudita de aumentar la producción, y además el efecto Donald Trump, como lo describí en mi artículo de marzo pasado, que consiste en políticas de Estado conducentes a la reducción significativa de los precios internacionales del petróleo y, por ende, de los combustibles, por su efecto en la inflación en el país.

Esta caída del precio internacional repercute directamente en el precio del petróleo ecuatoriano, que está ahora en el orden de los $ 50 por barril, esto es $ 17 menos que el precio promedio del año 2024, que tuvo ingresos netos de toda la actividad petrolera de alrededor de $ 1.800 millones, y si a eso agregamos la sustancial pérdida de producción en este año, se puede colegir que los ingresos netos para el Estado de toda la actividad petrolera en el 2025 serían mínimos.

Desafortunadamente el problema se podría complicar todavía más. Los principales bancos de inversión de los Estados Unidos, así como las más importantes empresas petroleras pronostican que para el año 2026 el precio del crudo indicador WTI –referencia para países como Ecuador– podría caer hasta los $ 50, lo que pondría el precio del petróleo ecuatoriano en aproximadamente $ 42.

De cumplirse estos pronósticos, los ingresos netos del negocio petrolero estatal, en lugar de ser un contribuyente importante al erario nacional, podrían arrojar significativas pérdidas financieras, no así las empresas privadas y de servicio que controlan directa o indirectamente alrededor del 65 por ciento de la producción nacional, ya que sus tarifas por barril producido son independientes del precio del petróleo.

Frente a este enorme desafío al país solo le quedan dos alternativas: subir la producción de forma sustancial, lo que se ve muy improbable por la falta de altas inversiones e inversores de riesgo y/o reducir drásticamente los costos operativos y administrativos de forma oportuna. Vale mencionar que las más importantes empresas petroleras internacionales han anunciado ya drásticas reducciones de sus costos de hasta 25 por ciento, principalmente en personal, pero el país tiene las manos semiatadas para hacer recortes importantes, en parte porque, como referimos anteriormente, los costos de gran parte de la producción son prácticamente fijos y por otro lado el país no dispone de los recursos para pagar las enormes compensaciones requeridas por una alta reducción de personal, de realizarse.

Este gigantesco desafío requiere de cambios profundos a la política petrolera y acciones complejas , creativas y prontas, para lo cual el Gobierno debería solicitar la ayuda de empresas expertas internacionales en este tipo de crisis, y de todos los que puedan aportar para elaborar un plan emergente para atacar este grave y complejo problema. (O)