Lo que menciona el título de esta columna es lo que hace muy difícil llegar a un acuerdo, y que, en el caso que vivimos, el perjudicado es el país, como un todo.
Varios sectores han rechazado la eliminación del subsidio al diésel porque, se diga lo que se diga, eso va a afectar al costo de la vida. El Gobierno ha propuesto unas ciertas medidas, llamadas compensatorias, que favorecen, más bien, a un sector de los afectados, el del transporte, pero dejan insatisfecha a la generalidad de la población, porque aumentarán los pasajes del transporte público y vendrá, en cadena, en cascada, el aumento del costo de la vida.
Veo que el presidente de la República ha elevado su lenguaje de confrontación y la actitud del movimiento indígena no es menos beligerante. De lo que se ve, los ministros a cargo hacen poco por buscar un arreglo de compromiso y sometérselo a su superior; a ratos, más bien parecen querer empeorar las cosas, como el ampliar el horizonte de la confrontación a otros sujetos políticos o profundizarlas a nivel judicial, con acusaciones más graves, como las de terrorismo, a quienes solamente están ejerciendo su derecho constitucional a la resistencia, o distrayéndolos de sus jueces naturales y llevándolos a otras jurisdicciones.
También fue desproporcionada y perjudicial a él mismo, la amenaza del presidente de la Conaie de tomarse Quito, y me parece que ha desistido de semejante despropósito. Debe comprometerse a no hacer movilizaciones a Quito, donde la gente sabe muy bien hacer sus propios reclamos, desde la Revolución de las Alcabalas.
La nueva ministra de Gobierno dice que el Gobierno está abierto al diálogo, pero excluyendo el tema de los combustibles y el de los presos políticos (detenidos acusados de delitos mayores a los cometidos, como terrorismo) porque –dice ella– están a órdenes del Poder Judicial. La gente se pregunta: ¿entonces sobre qué sería el diálogo? Imagino, digo yo, que el diálogo podría ser, por ejemplo, sobre una aplicación progresiva de la eliminación del subsidio al diésel.
Vivimos un caos: la Corte suspende declaratorias de estados de emergencia en media docena de provincias y el Gobierno responde declarándolo en una decena de provincias.
He dicho antes que por el conflicto social el Gobierno debería postergar su convocatoria a asamblea constituyente, cuyos resultados son imprevisibles y puede ser negada. El mismo Gobierno no ha presentado sus propuestas de una posible Constitución. Más bien hablan de incluir en la eventual nueva Constitución las disposiciones de los decretos anulados por inconstitucionales por la Corte Constitucional, lo que sería una regresión de derechos, muchas de las cuales no serían aceptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por otros organismos internacionales. La ONU exhorta a dialogar.
Recuerdo una experiencia similar: cuando el Congreso destituyó al presidente coronel Lucio Gutiérrez, por haber destituido a la Corte Suprema, y lo sucedió el vicepresidente Alfredo Palacio; yo, como ministro de Gobierno y Policía, que era en ese entonces un solo ministerio, enfrenté 19 paros provinciales y los controlé, sin que hubiese un muerto. (O)
