Este 26 de marzo de 2026 se cumplieron ocho años del secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra en Mataje, mientras realizaban una cobertura periodística en la frontera norte. Ocho años después, las familias siguen sin verdad completa, sin justicia integral y sin reparación.
En Colombia hubo condenas contra dos responsables materiales, alias Cherry y alias Reinel, y en marzo de 2026 un juzgado de Pasto volvió a negar la libertad a otro implicado, Carlos Landázuri, alias el Gringo. En Ecuador, en cambio, persisten la opacidad, la fragmentación de la verdad y la parálisis investigativa. La Corte Constitucional ordenó en 2024 desclasificar actas del Cosepe, pero la información entregada fue denunciada como incompleta y posiblemente manipulada.
El octavo aniversario del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra no es una fecha de memoria oficial. Es una prueba pericial de la impunidad ecuatoriana.
Ocho años después, a las familias de #NosFaltan3 no les han entregado lo mínimo que una democracia decente debería garantizar: verdad, justicia y reparación. Ni siquiera una versión completa y limpia de lo ocurrido. Lo que han recibido, en cambio, es ese viejo repertorio del poder cuando quiere encubrir su fracaso: silencios, trámites, evasivas, papeles tardíos, documentos incompletos y una burocracia entrenada no para esclarecer, sino para desgastar.
Eso es quizá lo más obsceno del caso. No solo el crimen atroz cometido por un grupo armado en la frontera. También la conducta del Estado ecuatoriano, que convirtió la negligencia en método y la indolencia en política. Porque una cosa es no haber podido evitar el desenlace. Otra, mucho más grave, es haber administrado después la oscuridad con una mezcla de torpeza, cálculo y cobardía.
En Colombia, con todas sus limitaciones, hubo al menos condenas contra autores materiales. En Ecuador, en cambio, la investigación parece atrapada en un pantano cuidadosamente cultivado. Aquí no faltaron únicamente tres hombres; faltó también el deber estatal de perseguir la verdad con seriedad. Y cuando una investigación sobre el asesinato de periodistas se paraliza o se entorpece desde dentro, ya no estamos ante una falla administrativa: estamos ante una forma de complicidad histórica.
La desclasificación ordenada por la Corte Constitucional debía abrir una rendija. Pero incluso allí apareció el reflejo más deprimente del poder ecuatoriano: entregar información incompleta cuando se le exige transparencia. Como si después de ocho años todavía hubiera funcionarios convencidos de que proteger al aparato vale más que honrar a los muertos. Como si la razón de Estado consistiera en esconder memorias mutiladas y no en responder por las decisiones tomadas cuando tres vidas dependían de ello.
El caso #NosFaltan3 no pertenece solo al pasado. Es una radiografía del presente. Le dice a cada periodista ecuatoriano que, si el riesgo escala y el peor escenario ocurre, el Estado puede llegar tarde, hablar poco, ocultar mucho y luego sentarse a esperar que el tiempo haga su trabajo sucio. Le dice también a la sociedad que el asesinato de periodistas puede administrarse como un expediente incómodo, no como una afrenta a la democracia.
Por eso, este aniversario no debería llenarse de flores retóricas ni de homenajes huecos. Debería incomodar. Debería avergonzar. Debería recordarnos que un país donde se asesina a periodistas y ocho años después no hay verdad completa ni justicia efectiva no solo les falla a tres familias. Se falla a sí mismo.
Nos faltan tres, sí. Pero al Ecuador le sobra impunidad. Y mientras esa impunidad siga sentada en los despachos, firmando oficios, escondiendo actas o dejando dormir expedientes, el crimen no habrá terminado del todo. (O)
