Ha llegado el momento de ubicar mejor la idea de lo que representa la inseguridad, en el ámbito público y en lo privado. Podríamos distinguir la narcodelincuencia organizada de la delincuencia común. Un somero estudio, y por separado, nos podría indicar que si bien la violencia envuelve a ambos fenómenos y nos atemoriza, sus amenazas están dirigidas a objetivos distintos, pero nos amedrentan por igual.
Es necesario para diseñar la represión del Estado a cada sector delincuencial, y preferir lo urgente, pues los recursos policiales y de fuerzas armadas no permiten abarcar ambas amenazas a la vez. En un caso, el propósito de la narcodelincuencia es usar el territorio ecuatoriano como centro de acopio para exportar la cocaína a países con mayor consumo y gran valuación de la preciada mercancía para los adictos. Esto genera una gran competencia entre los carteles que disputan con armas de gran poder de fuego para eliminarse mutua y selectivamente. Los antecedentes de sus víctimas así lo comprueban.
¿Qué tal si el presidente Lasso deja sin efecto la suspensión de permisos para tenencia y porte de armas?
La actividad de la delincuencia común es ‘menos compleja y sofisticada’, pero la mayoría de los ecuatorianos somos sus víctimas en potencia. Esta también usa armas de fuego o narcóticos para neutralizar a las víctimas. Las armas que utilizan los ‘narcos’ son distintas en potencia, a las que usa el asaltante de la calle. Las víctimas mortales del ‘narco’ en un alto porcentaje fueron causadas por fusiles y explosivos.
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En estas circunstancias el Estado no puede darnos cobertura de protección a los ciudadanos expuestos a la delincuencia común. Las autoridades han reconocido que la Policía está desbordada y que esa situación no variará hasta que se incremente el número recomendado de efectivos policiales.
Aunque sea doloroso aceptarlo (o consolador), el narcotráfico solo elimina a sus competidores, y la mayoría de la ciudadanía de bien no está expuesta a sus ataques directos; de hecho, hasta ahora y con contadas excepciones, las víctimas de los sicarios han tenido vinculación con el narcotráfico. Ello no deja de atemorizar a quienes no estamos ni de lejos relacionados con tan macabro negocio; pero sin duda, esto lo aprovecha la delincuencia común que nos sabe indefensos por la propaganda indirecta del Gobierno actual y los anteriores, de no autorizar la tenencia o el porte de armas, aduciendo que ello incrementaría la violencia. Pero la acción delincuencial común también se ha incrementado, pese a la restricción de permisos de tenencia y porte de armas para defensa propia, a ciudadanos con experticia, idoneidad mental y emocional para usar armas de fuego y repeler al delincuente común que nos tiene a los costeños, principalmente, fuera de las calles al ocultarse el sol. Y en lugares como Esmeraldas, antes de las cuatro de la tarde.
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¿Qué tal si el presidente Lasso deja sin efecto la suspensión de permisos para tenencia y porte de armas?, no habrá una avalancha de solicitudes, pero será suficiente para crear el efecto disuasivo frente al delincuente común que irrumpe en hogares o agrede en los congestionamientos de tráfico vehicular. Retornará la actividad comercial nocturna, ahora casi inexistente. (O)
