¿Será de agregar “pero” al “muy bien”?, no para degradar una información, decisión o ejecución, sino para que no se omitan decisiones complementarias o compensatorias.
Un ejemplo, se anuncia que una pareja se unirá en matrimonio. Ellos, sus familias y amigos, felices; pero, tendrán que decidir múltiples temas, aun cuando la decisión inicial sea que con el tiempo y conforme a las circunstancias se irán resolviendo las cosas.
¿Hay condiciones para la inversión?
Muy bien que las cifras oficiales lleven a que la información del riesgo país, para inversionistas y acreedores externos, se han reducido en 1.332 puntos, desde el inicio del Gobierno de Noboa, noviembre del 2023, hasta el 12 de septiembre de 2025. El riesgo país se cuantifica a través del indicador Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI +), elaborado por JP Morgan. Pero, en la medición de esa deuda no entran los atrasos en las transferencias que reclaman las entidades de gobiernos autónomos del régimen seccional y otras, tampoco lo adeudado a proveedores de servicios y de bienes, ya con auditorías realizadas y otras por realizar. Hasta antes del gobierno de Correa esos atrasos eran considerados deuda interna, y pasaron a ser solo “atrasos”. Deuda interna si es lo que tiene contrato de deuda y la instrumentada en bonos. Además, tampoco se mide la inversión de la riqueza vía políticas sociales que mejoren la calidad de vida. Ecuador, en riesgo país, está en 684 puntos; Brasil, en 259; Colombia, en 255; Perú, en 165; Chile, en 104. El caso argentino es impactante. Al 1 de agosto de 2025, el riesgo país estuvo en 771 puntos, Milei externamente aplaudido, introdujo correctivos macroeconómicos, con elevado costo social, lo que se evidenció en la derrota electoral en Buenos Aires el 7 de septiembre. El riesgo país se elevó a 2.113 puntos. El Gobierno ecuatoriano conoce de los cientos de millones de atrasos de transferencias y pagos y de la evolución e involución de la calidad de vida y debe implementar correctivos.
Muy bien que se declare en emergencia la compra de medicamentos en las unidades médicas del Estado, no solo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero sus problemas no solo están en la no entrega de medicamentos. Se requieren unidades eficientes con atención oportuna. El costo de no operatividad eficiente es el agravamiento y hasta la muerte de quienes requieren de los servicios médicos.
Muy bien que el Gobierno no se cierre a mantener la licencia ambiental en el proyecto minero Loma Larga, ubicado en Quimsacocha, otorgada por el Ministerio del Ambiente a la inversionista canadiense Dundee Precious Metals (DPM), que tendría reservas auríferas y polimetálicas, que superan las 2,6 millones de onzas de oro, junto con significativos volúmenes de plata y cobre. Bien pedidos los pronunciamientos de la Prefectura de Azuay y de la Alcaldía, pero la decisión final debe ser del Gobierno. Temas como ese no se pueden dejar en el limbo porque no se asumen responsabilidades. En el caso puntual no solo están las consideraciones ambientales, sino también los procesos cumplidos y los omitidos para el otorgamiento de la licencia ambiental. Lo que se decida sobre Quimsacocha marcará precedentes. (O)
