En una sola semana tres temas reflejaron la caótica situación nacional. Primero, mientras el demoledor de la convivencia ciudadana de octubre y junio fue a lo concreto y exigió reparación material por sus acciones, el presidente de la República se inclinó por el simbolismo al escoger la demolición de un edificio como máxima expresión de su política de seguridad. Al mismo tiempo, pero esta vez sin entender el simbolismo, coloca a un subalterno como ministro por encima de los generales.
El segundo fue el viaje a Rusia de un grupo perfectamente representativo de la mediocridad imperante en la Asamblea. Se entiende que no lo hicieron en un tour organizado por una agencia de viajes, ni que los costos de pasajes, viáticos y souvenirs salieron de sus bolsillos. Es obvio que fueron como representantes de uno de los poderes del Estado, lo que le dio a su viaje el carácter de misión oficial. Por tanto, debería ser explicado no solo por quienes participaron en este, sino principalmente por el presidente de la Asamblea y por el Consejo de Administración Legislativa, ya que contraviene la posición oficial del Estado ecuatoriano, de condena a la invasión rusa a Ucrania. Según se conoce hubo una observación previa de la Cancillería, pero fue ignorada por las autoridades legislativas en una muestra más de su concepto de respeto a la institucionalidad.
Lo más grave es que esta decisión tendrá un efecto nefasto en el avance hacia una sociedad multicultural.
El tercero, el más importante, lo protagonizaron los participantes en las mesas de diálogo del Gobierno con las organizaciones indígenas. En conjunto, cantaron victoria porque habían llegado a un acuerdo en el tema de la educación. La resolución otorga la “autonomía completa, orgánica y política del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe”. Esto significa que, de aquí en adelante, el ministerio –vale decir, el Gobierno y el Estado en general– abandona parcialmente su responsabilidad de garantizar la educación universal, que es una de las funciones básicas del régimen democrático. Además, en el caso concreto ecuatoriano la Constitución es exhaustiva en este tema. Les habría bastado una breve lectura de los artículos 3, 26, 27, 28, 29, 46 de ese texto (sin mencionar todos los referidos a interculturalidad) para darse cuenta de la barbaridad que estaban firmando. Con esto se estableció una forma extraña que podría calificarse como privatización social y que puede traer larga cola.
Lo más grave es que esta decisión tendrá un efecto nefasto en el avance hacia una sociedad multicultural, que ha sido un objetivo nacional desde la última década del siglo pasado. Dicho de manera sintética, lo multi alude a la convivencia de culturas dentro de un orden compartido, lo que significa diálogo, interacción y enriquecimiento cultural mutuo. Por el contrario, lo que se ha acordado en esa mesa de diálogo propicia la ruptura y desconoce los fundamentos que le dan su nombre al Sistema de Educación Intercultural, con la partícula inter como elemento integrador. Hay que esperar que las propias organizaciones indígenas tomen conciencia de la dirección equivocada y suicida de su actual dirigencia radical y no haya que volver a los primeros tiempos del país, cuando se reconocía una “república de indios” como un ente marginado del conjunto.
Desde varios lados, desde el Gobierno, desde la Asamblea, desde las organizaciones indígenas, la semana fue una lluvia de multibarbaridades. (O)
