El salario básico unificado (SBU) para 2026 se fijó en $ 482. Si se mensualizan los décimos asciende a $ 562, más aporte al IESS y fondo de reserva el costo del SBU para un empleador formal es $ 656.
Seguir elevando el SBU refleja politiquería, buenas intenciones e ignorancia. Desde 2015 el nivel del salario mínimo empezó a causar daños evidentes. Lejos de proteger a trabajadores vulnerables, se ha convertido en un factor de destrucción de empleo formal, y precariza las condiciones laborales a la mayoría. ¿Por qué?
Primero, porque el nivel del SBU es incompatible con la realidad productiva. Medido en dólares, es más alto que el de Colombia ($ 432) y Perú ($335), y cercano al de Chile ($ 585), a pesar de que este país casi triplica el ingreso por habitante de Ecuador. En relación con el PIB per cápita, el salario mínimo ecuatoriano es elevado: alrededor del 110 %, frente a menos del 60 % en Chile, Colombia y Perú.
Segundo, porque no se puede “decretar” un aumento del ingreso laboral real elevando el SBU. De hecho, lo que ha pasado es lo contrario. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2024 el poder adquisitivo del SBU –i.e., ajustado por inflación– aumentó cerca de 20 %, mientras que el del salario promedio de la economía –formal e informal– cayó en un porcentaje similar. Esta caída no refleja una reducción de los salarios formales, sino el aumento de la informalidad: del 40% de la PEA en 2015 al 58 % en 2024. El salario promedio de la economía inevitablemente disminuye a medida que los trabajadores migran hacia el sector informal, donde los salarios son más bajos. Hoy, el salario promedio del sector formal se estima en $ 760, frente a $ 290 en el informal.
Tercero, porque los aumentos del SBU empujan a las empresas pequeñas y sus trabajadores hacia la informalidad. La razón: el SBU no es un salario “mínimo”. Ajustado por los décimos, el SBU de $ 562 supera en casi 30 % al salario promedio de la economía, que ronda los $ 440. Ecuador es el único país de América Latina donde se observa esta anomalía; en el resto, el salario mínimo se ubica entre 20 % y 60 % por debajo del salario promedio de la economía.
Esta distorsión tiene un alto costo social. En todas las economías, las empresas pequeñas –que concentran la mayor parte del empleo– pagan salarios inferiores al promedio de la economía sin que ello implique abandonar el sector formal, porque esos salarios no son inferiores al mínimo legal. En Ecuador, en cambio, solo pueden hacerlo eludiendo el SBU, es decir, operando en la informalidad. No sorprende, entonces, que en diciembre de 2024 Ecuador registrara cerca de 400.000 empleos formales menos que en diciembre de 2015.
La conclusión es clara. Una política diseñada para proteger termina excluyendo. El SBU beneficia solo a quienes logran conservar un empleo formal, pero lo hace a costa de expulsar a empresas pequeñas y sus trabajadores hacia la informalidad, precarizando el empleo. Proteger al trabajador no consiste en fijar salarios mínimos desconectados de la realidad, sino en facilitar su inserción en empleos formales y productivos. Un criterio necesario para fijar el SBU debería ser que no exceda el salario promedio de la economía. (O)
