El presidente Guillermo Lasso quiere marcar la agenda política en su relación con el Legislativo. Proyecto ambicioso, pero con mucho sentido, una vez que ha ganado simpatías tras su exitoso plan de vacunación. Desde que se posesionó en mayo pasado, el Gobierno sabía que tenía que construir espacios de gobernabilidad, para comprar mayor estabilidad, y que para ello hay que aprovechar las olas positivas que genera su propia gestión.

Desde esa perspectiva, su tiempo político ha sido bien manejado. A inicios de agosto, con el plan de vacunación sin mayores contratiempos, lanzó la idea de la consulta popular, que fue presentada por Alexandra Vela, quien acababa de ser nombrada ministra de Gobierno. No se trataba de una iniciativa propia del Ejecutivo, surgió desde algunos sectores que llevan meses –mejor dicho, años– impulsando una reforma del Estado, para destrabar el enredo jurídico en el que se le metió al Ecuador luego de la aprobación de la Constitución de 2008 y romper la estructura política dejada por los dos últimos gobiernos, es decir, por los creyentes del socialismo del siglo XXI.

Caminando en esa misma dirección, el día del aniversario de los 100 días al frente del Ejecutivo, el presidente Lasso puso plazos a la Asamblea: finales de este año para que arrimen el hombro en la dirección que propone o habrá consulta. Con esa declaración envió, en paralelo, otro mensaje a la Función Legislativa, que ha sido cuestionada por los pocos resultados de su gestión: en este último cuatrimestre, los asambleístas deberán dejar de lado las resoluciones, los exhortos y los escándalos protagonizados por algunos de sus miembros y probar que se van a meter de lleno en el juego político planteado; es decir, negociar para aprobar leyes que son vistas como necesarias y hasta urgentes para reactivar el país.

¿Será suficiente sacar el tema de la consulta popular para presionar a una Asamblea dominada por minorías cada una con sus intereses? ¿La capacidad de diálogo del Gobierno alcanzará para romper el potencial bloqueo legislativo? ¿Confía el Ejecutivo en que la presión ciudadana, en caso de no conseguir apoyo en la Asamblea, retomará con más fuerza el pedido de la muerte cruzada que el Gobierno, por ahora, ha dicho que no la usará? ¿Qué certezas maneja el Ejecutivo para garantizar que sus gestiones serán suficientes para que los indígenas y los sindicatos –algunos identificados con el socialismo del siglo XXI y con posturas del siglo pasado– sean contenidos y dejen de ser vistos como los que pueden doblegar al Gobierno en las calles y que, a su vez, es una de las piezas claves por la cual ciertos bloques legislativos la tienen como parte de su equipo de resistencia?

El escenario, por donde se lo vea, no es sencillo. Sin embargo, es el que debía plantearse. El Gobierno ya lanzó sus fichas, resta esperar por las respuestas de los contrincantes. Claro, en el medio estará el resto del país, esos millones de ecuatorianos que estarán viendo cómo su clase política trata de hallar una salida o se enreda en una pelea sin cuartel, mientras hacen lo imposible por mantenerse a flote, ganar dinero y mantener a sus familias. (O)