Quimsacocha solía denominarse el proyecto minero Loma Larga, por estar ubicado en el páramo del mismo nombre 30 km al suroeste de Cuenca. El área ha sido explorada desde la década de los 70, pero el proyecto actual se inicia con la concesión a Iamgold en 2004. La titular de los derechos hoy es la canadiense Dundee Metals.
Durante estos 21 años la concesionaria invertió $ 125 millones; la exploración estableció que se podrían extraer 926 mil onzas de oro en los 12 años de la concesión, invirtiendo otros $ 375 millones y contratando 1.500 empleados durante la construcción. Estos días el oro ha tenido un alza monumental; a precios de hoy el oro de la mina valdría $ 3.700 millones, con lo que el cálculo de los ingresos fiscales potenciales, que era de $ 554 millones, más que se triplicaría.
Situación de Loma Larga ‘podría sentar un precedente negativo’, observan en la industria minera
Los tres proyectos mineros que recientemente recibieron licencia ambiental han encontrado resistencia, el resultado del constante trabajo misionero del ecologismo antiminero internacional. Pero solo en Azuay la Corte Provincial pudo detener o al menos obstaculizar el avance del proyecto.
El estudio de impacto ambiental de Loma Larga se presentó en 2020. En 2021 los cuencanos votaron abrumadoramente contra la minería en zonas de recarga hídrica, lo que prácticamente impediría el desarrollo minero de la provincia. A los cinco años de presentado, en junio 23, Loma Larga recibió la licencia ambiental. La ciudadanía morlaca se movilizó en contra del proyecto. La Alcaldía de Cuenca y la Prefectura del Azuay pidieron la revocatoria de la licencia ambiental, a base de estudios ambientales presentados por Etapa, fundamentado en informes de expertos internacionales que determinan que las actividades subterráneas en Loma Larga afectarían el suministro de agua a Cuenca.
Ante tanta oposición local, el sábado 4, el Ministerio del Ambiente y Energía revocó la licencia ambiental. Pero no la concesión. El proyecto está en compás de espera. Si es cierto lo que sostiene el estudio que exhiben las autoridades morlacas, no cabe seguir adelante.
Pero si es cierto lo del estudio presentado por Dundee y aprobado por las autoridades, sería una barbaridad abandonarlo. Sería el tercer atentado económico por el ecologismo extremo contra el aprovechamiento de los recursos naturales. El primero, cuando hubo una movilización mundial contra la construcción del OCP, argumentando que iba a destruir la ecología de Mindo, de gran desarrollo turístico. No consiguieron pararlo y en más de 20 años no ha habido impacto ambiental. Tuvieron más suerte deteniendo y revirtiendo el desarrollo de la zona petrolera ITT, con la complicidad de la Corte Constitucional. El ITT estuviera produciendo hoy 100 mil barriles diarios y la crisis fiscal hubiera quedado atrás.
Hay que buscar una solución. Tanto las autoridades económicas como las azuayas confían en el estudio que tienen, pero ninguna de ellas tiene la preparación en temas ambientales como para decidir por sí misma cuál es el correcto. La solución sería buscar un dirimente de común acuerdo, con ayuda de alguna multilateral, BID, CAF o Banco Mundial. Y expresar la disposición a acatar sus resultados.
La decisión incorrecta, sea afectar el suministro de agua de Cuenca o sacrificar el aprovechamiento de nuestra riqueza minera, es inaceptable. (O)
