Entre todos los factores que se consideran en las mediciones de la calidad de la democracia, los índices de libertad tienen el mayor peso. El reconocimiento de la facultad humana de pensar y expresar el pensamiento propio es el mayor avance en la convivencia humana. Ese es el puntal sobre el que se asienta la democracia contemporánea. El derecho a elegir y ser elegido, la separación y el equilibrio de los poderes, el control a los representantes, los procesos electorales y los demás que se consideran en las evaluaciones tienen a aquel como la columna que los sostiene y a la vez como el principal objetivo por alcanzar.
Una de sus principales expresiones es la libertad de prensa, entendida en su sentido más amplio como la posibilidad de mantener medios estables —impresos, audiovisuales o de cualquier naturaleza— encargados de difundir los múltiples y diversos pensamientos que conviven en una sociedad. No es casual que entre los primeros pasos de los autoritarismos se encuentren los atentados contra los medios. Muchos han comenzado con la quema de periódicos apilados en la plaza pública (o por su ruptura pública y simbólica, como ocurrió entre nosotros hace pocos años), para pasar de inmediato a la persecución a sus propietarios y a los periodistas. En épocas no muy remotas esas acciones llegaban a lo físico, con prisión de por medio y, en no pocas ocasiones, con atentados que podían incluir el asesinato. Sin irnos muy lejos, basta revisar nuestra azarosa historia del siglo XX para comprobar hasta dónde ha podido llegar la incomodidad de dictadores y dictadorzuelos con la libertad de expresión.
Con el andar del tiempo y con la presencia de organismos internacionales encargados de velar por la vigencia de esos derechos, las formas de control se han sofisticado. La brutalidad no ha desaparecido por completo, pero ha cedido gran parte de su espacio a modalidades más sofisticadas y más ceñidas a los avances tecnológicos. El ahogo económico a los medios es la más usual. Redireccionar la publicidad estatal hacia los aplaudidores y presionar a los empresarios privados a que sigan esa línea arroja resultados en el mediano plazo. Utilizar la justicia para acosar a los propietarios de los medios, a los periodistas y a quienes opinan en ellos es más eficiente, especialmente cuando los gobernantes controlan a jueces y a autoridades que están al frente de las oficinas encargadas de cobrar impuestos o de vigilar las cuentas. Un paso más decidido y que arroja resultados rápidos es directamente la compra de medios. Obviamente, en la mayoría de las ocasiones no se la hace de manera directa, sino a cargo de personajes oscuros sin relación alguna con la actividad mediática y, sobre todo, sin patrimonio o recursos que justifiquen una transacción que generalmente no es de montos menores.
El otro lado de la medalla, que facilita este tipo de acciones, es que la mayoría de las personas no miran a esos hechos como algo que les afecte. Consideran que los medios solamente pertenecen a unos empresarios que están en una dimensión lejana a su vida cotidiana. No valoran el papel que desempeñan, especialmente en una realidad como la actual, en que las redes sociales inundan las cabezas de mentiras y tergiversaciones. No se manifiesta la más mínima preocupación por el asedio que sufren varios medios y por los rumores de compras sospechosas de otros. (O)
