En una reciente entrevista, el presidente Daniel Noboa señaló que, de acuerdo con la decisión de última instancia de la Corte Internacional de La Haya, el país deberá pagar a Chevron como compensación $ 800 millones (previamente se anunció $ 2.000 millones) como consecuencia de la pérdida del juicio por afectación al medioambiente que la corte consideró fraudulento. El monto incluye costos legales, daños y perjuicios.

Este juicio que originalmente fue contra Texaco (adquirida por Chevron en el 2002), se originó en el año 1993 por un extenso número de colonos de las áreas donde operaba la empresa, cuyo contrato caducó en 1992. Antes de dejar el país, la empresa realizó una remediación ambiental de acuerdo con los parámetros técnicos exigidos, recibió de parte del exministro Gustavo Galindo la certificación del total cumplimiento de sus obligaciones y fue eximida de cualquier responsabilidad legal futura en el país.

Sin embargo, un grupo de abogados ecuatorianos en representación de los colonos del sector entablaron un juicio contra Texaco, acusándola de grandes daños al ambiente y de que la remediación no había sido completa, incluso se dijo que esos daños ambientales habían causado múltiples muertes a los habitantes de las áreas cercanas a las operaciones.

El juicio se tornó en una causa célebre ambientalista de proyección universal, porque un grupo de abogados americanos se hizo cargo de la querella y lo convirtieron en un juicio de demanda colectiva (Class Action Lawsuit) en Estados Unidos, figura con la que abogados americanos persiguen a grandes compañías para llegar a gigantescos acuerdos extrajudiciales; por otro lado, la corte de Lago Agrio declaró culpable a Chevron en el 2011 y le impuso una sanción de $ 19.000 millones, que luego fue reducida a $ 9.500 millones.

Como Chevron no tenía activos en Ecuador los abogados de los demandantes entablaron juicios en países donde Chevron poseía sustanciales propiedades petroleras para cobrar la multa.

Después de 20 años de batallas legales el saldo fue muy positivo para Chevron y devastador para los demandantes y para el Estado ecuatoriano, ya que las cortes superiores de justicia de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Gibraltar, Holanda y finalmente la Corte Internacional de La Haya determinaron que el juicio fue fraudulento, y declararon a Chevron inocente. La Haya decidió finalmente el pago de los $ 800 millones.

Gracias a Dios que este bochornoso capítulo para el país ha llegado a su fin. Se espera que sirva de lección para evitar que algo similar vuelva a ocurrir, no solo por el enorme daño económico causado sino por la enorme afectación a la imagen del país, especialmente frente a los inversores petroleros que tanto necesita.

El gran desafío para el Gobierno ahora será cómo hacer este enorme pago. La posibilidad de obtener financiamiento internacional para este propósito es muy improbable, por otro lado, con el gran déficit fiscal actual será imposible financiar el pago. Un acuerdo con Chevron que incluya una potencial transacción hidrocarburífera, no debería descartarse. (O)